Acción

La iniciativa tiene un antecedente en un proyecto que en el mismo sentido se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación.

El tema especialmente se vincula a aspectos que plantea el crimen organizado, contra el que se ha intensificado la lucha en este año, tratando de dar efectividad a intentos que se vienen planteando desde la década pasada. Es así que Salta fue destacada en la exposición que sobre la política nacional en la materia realizó la ministra Patricia Bullrich ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. La búsqueda de mayores recursos para esa área de gobierno, precisamente se asienta en la necesidad de combatir el narcotráfico y otros delitos complejos.

La funcionaria dijo que las prioridades de la gestión libertaria son “la transformación económica y la seguridad de los argentinos”, planteando la necesidad de “reestablecer la ley y la confianza”. El control territorial y el orden público son ineludibles en orden a la preservación de la soberanía nacional, que se ve dañada por el accionar de las bandas mafiosas que ocupan los vacíos que genera una deficiente gestión del Estado en esa materia, según observó la titular de la cartera de Seguridad.

En un listado de objetivos, ubicó con carácter prioritario el control de fronteras para frenar el narcotráfico. Describió de manera casi dramática la situación en el departamento de Orán, citando puntualmente lo que ocurre en Aguas Blancas, municipio que fue intervenido cuando se detuvo a su intendente. Amplió sus observaciones a todo el norte de esta Provincia, que a su juicio está con problemas enormes y es necesario atajar el avance antes que se convierta en una zona dominada por el narcotráfico, por lo que se enviarán más fuerzas de seguridad para la zona de frontera.

En esa línea se ubica el proyecto de ley que en setiembre pasado presentó en su cámara la diputada nacional Emilia Orozco, disponiendo la declaración de la Emergencia en materia de Seguridad Pública en toda la provincia de Salta por el período de un año, con posibilidad de prórroga por igual término, con el fin de intensificar la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos complejos. En sus fundamentos, destaca que la inseguridad  ha alcanzado niveles alarmantes. Carga las tintas en “la vinculación con el poder político” que contribuyó a “un clima de violencia e inseguridad que afecta gravemente a la población”. Más allá del énfasis puesto por la legisladora libertaria, no es una iniciativa que tenga serias posibilidades de ser tratada en el Congreso, porque lo que pone como medidas a ejecutar están contempladas ya en la ley de Seguridad Interior. Se suma a que otros distritos -como la propia provincia de Buenos Aires- exhiben situaciones similares por lo que se toma el proyecto como un llamado de atención.

No es diferente a los que se hicieron en el tramo de Manifestaciones en la última sesión de Diputados de la Provincia, cuando varios diputados no evadieron las referencias a supuestas vinculaciones de funcionarios provinciales con narcotraficantes, que se ventilan en un juicio en un tribunal federal. También se apuntó al abandono que padece la extensa frontera, cuyo resguardo es de responsabilidad nacional.

Todo indica que hay severas dificultades que podrían justificar la declaración en Salta de la emergencia de la seguridad pública, para la aplicación de medidas que extremen la atención en la materia. No menos cierto es que hay otros recursos que pueden activarse, mejorando el trabajo conjunto con Nación, profundizando la capacitación de los efectivos policiales e invirtiendo en un sistema carcelario más eficaz.
Todo sirve, excepto la parálisis ante el crimen organizado.

Salta, 16 de octubre de 2024