El dramático crecimiento de la pobreza y la indigencia es el indicador más contundente del desacertado rumbo tomado por el gobierno, que no ha hecho otra cosa que agravar los problemas que ya padecíamos los argentinos.
La economía argentina enfrenta desafíos estructurales que impiden una recuperación sostenida.
El último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), informado por el Indec sigue marcando, como todos los meses previos, una caída en la comparación interanual.
La industria manufacturera y la construcción, dos sectores clave para el crecimiento, siguen mostrando una gran debilidad.
El índice de producción industrial (IPI) manufacturero en la comparación interanual, refleja que la producción se mantiene en un 6,9% por debajo del 2023. Sumado a ello, la construcción experimenta una caída del 26,4% respecto del mismo mes del pasado año.
La venta de cemento cayó un 18% y las ventas de materiales de construcción un 22%, interanual. EL comercio minorista marca una caída mayor al 5% y la producción automotriz del 12,6%, también interanual.
Prueba de lo comentado es la reducción de la recaudación tributaria vinculada a la actividad económica, que incluye impuestos como el IVA y las contribuciones patronales, que registró una reducción del 6,2%.
En este contexto, cuando se necesita una reforma que ponga el foco en una reducción y en una simplificación del sistema tributario, el actual gobierno, ha hecho lo mismo que casi todos, aumentó impuestos. Pero en esta oportunidad, lo hace mientras pretende disminuir drásticamente las obligaciones y prestaciones del Estado. Esto es, pagar impuestos como en los países de fuerte presencia del Estado, pero vivir sin ninguna de las obligaciones o derechos sociales que marca nuestra constitución nacional.
De acuerdo a datos de la OCDE, la presión impositiva de la Argentina, con un 29,6% sobre el PBI, está más cerca del 34% que promedian los países desarrollados, que del de países de América Latina y el Caribe, en un promedio del 21,5%.
En este marco de desaparición del Estado, caída de la actividad económica y aumento de la presión tributaria, solo falta sumar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios para terminar de explicar el dramático crecimiento de la pobreza e indigencia.
El Salario Mínimo Vital y Móvil perdió 82 puntos porcentuales respecto al año pasado, pasó de $ 118.000 en septiembre de 2023 a $ 268.056,50 en septiembre de este año, lo que representa un aumento del 127%. La inflación, en cambio, fue del 209%. El salario mínimo vital y móvil alcanza para comprar un 62,2% de la canasta alimentaria y solamente llega a cubrir el 27,5% de las necesidades básicas, según informa el Indec.
La recuperación del poder adquisitivo de los salarios es el factor que podría definir si la economía finalmente despega o continúa en un estado de estancamiento.
Para hacer esto posible, el gobierno debe entender la necesidad de apartarse del dogmatismo que lo ha caracterizado hasta acá y tomar la decisión de implementar medidas efectivas que estabilicen la macroeconomía y generen un entorno propicio al crecimiento.
