La política exterior del país no suele ser preocupación del ciudadano común, que la reserva a especialistas o a grupos que por distintas razones manifiestan interés por su desarrollo. Pero las acciones disruptivas deben ocupar a todos para no poner a la Argentina en una senda equivocada.
Opinión24/09/2024
La decisión de la actual gestión libertaria de disociarse del "Pacto para el Futuro", que se conoció este lunes, debe exigir alguna razón que sea más consistente que la voluntad particular del presidente Javier Milei y que se exprese con más solvencia que el vago discurso con el que la canciller Diana Mondino expuso la posición de la Argentina en el marco de las Naciones Unidas.
El Pacto para el Futuro se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en 2015; es un documento de consenso que propuso la ONU para trabajar en distintos puntos contenidos en la misma, sobre los que hubo una extensa elaboración desde 2022. De ella resultaron 56 acciones para enfrentar -dice el texto- los mayores desafíos de la época, como el mantenimiento de la paz, el cambio climático, la igualdad de género, la lucha contra el terrorismo y las potenciales amenazas de la Inteligencia Artificial .Incluye un Pacto Digital Global, para reforzar la cooperación internacional en orden a eliminar las brechas digitales, ampliar la inclusión en la economía digital y mitigar los riesgos de las tecnologías emergentes. Asimismo, contiene la Declaración sobre las Generaciones Futuras, para promover la solidaridad intergeneracional, la justicia y la equidad, para salvaguardar las necesidades y los intereses de las mismas.
Frente a sus pares de más de 150 naciones, la ministro argentina de Relaciones Exteriores -cuya continuidad en la función está puesta en duda- subrayó que este tipo de Pactos son “aspiraciones jurídicamente no vinculantes y que cada Estado, en el ejercicio de su soberanía, tiene derecho a interpretar y perseguir con autonomía, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y prioridades nacionales”. No era un punto que se estuviese discutiendo; el mismo principio de autonomía ejercitaron países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria, Sudán y Nicaragua, que tampoco adoptaron el Pacto del Futuro.
Por sus redes sociales, Mondino explicó que fue la elección de “un mundo mejor para cada uno de los niños, hombres y mujeres que habitan nuestro suelo. Argentina quiere tener alas para su desarrollo, sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. Argentina será un Faro de Libertad". Por tratarse de documentos negociados por el anterior gobierno e interpretarse como retardatarios de la nueva agenda de Argentina, se prefirió no adherir, sentando un antecedente que para nada describe el comportamiento del país en estos organismos internacionales.
Cabe destacar que la Argentina fue uno de los 50 países que firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 en San Francisco y habitualmente suscribió sus Declaraciones, Convenciones y Protocolos, que fueron incorporados a la Constitución Nacional. El Pacto del Futuro advierte que se vive un momento de profunda transformación global, que la humanidad se enfrenta a riesgos catastróficos y existenciales, “muchos causados por las elecciones que hacemos". Y la Argentina se margina del control conjunto de esos riesgos.
Es cierto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas no son del agrado del Presidente de la Nación según lo ha declarado insistentemente, pero no es con voluntarismo o antojos con los que se construye la política con la que la Argentina debe insertarse en el mundo.
Salta, 24 de setiembre de 2024
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
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