Comienza esta semana el análisis del proyecto de Presupuesto 2025. Será en el marco de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras del Congreso, con la participación de funcionarios del área económica del Ejecutivo nacional.
Opinión23/09/2024
Luego que en este año el país se administró con un presupuesto prorrogado, tanto el presidente Javier Milei, como los gobernadores y todos los sectores políticos con representación parlamentaria tienen particular interés en no repetir tal situación. El oficialismo y la oposición han expresado el interés por una discusión profunda de la distribución de recursos, que motivará una puja entre el propósito de evitar el déficit fiscal y realizar una ajuste racional para equilibrar las cuentas.
El marco político lo expuso el mandatario nacional, que personalmente presentó el proyecto el pasado 15 de setiembre pidiendo a las provincias que reduzcan sus gastos en unos 60 mil millones de dólares. La exorbitante cifra fue luego corregida aunque quedó en pie el propósito de lograr un presupuesto sin déficit, sosteniendo el retiro del Gobierno nacional de muchas de sus obligaciones.
La tarea de estos últimos días, que ocupa a las autoridades provinciales y a los legisladores de distintas bancadas, es la revisión de planillas que dan cuenta del destino de recursos que provienen de la recaudación de impuestos, algunos coparticipables y otros con fines específicos que desde el interior no se van a resignar. Es lo que se concluye de los pronunciamientos de gobernadores, que ya advirtieron mayoritariamente que no se someterán a exigencias que posterguen la satisfacción de necesidades básicas de la población de sus territorios.
Los bloques de legisladores de partidos provinciales, como Innovación Federal que integran diputados nacionales salteños, han anticipado que será la voluntad de los mandatarios la que más va a pesar en el detalle del proyecto, que está siendo analizado por los ministros de Economía. El salteño Roberto Dib Ashur precisó que la Nación lleva recortado más de 150 mil millones de pesos, que significan obras esenciales -como viviendas y de agua y saneamiento- que se han paralizado, trasladando su reactivación a los recursos locales, mientras la recesión frena el consumo y cae la recaudación. Pese a ello, Salta es una de las jurisdicciones que tiene sus cuentas en orden lo que le permitió tomar deuda para cumplir algunas de sus obligaciones.
Pero la cuerda no puede seguir tensándose y así lo ha interpretado la conducción del Parlamento del Norte Grande. Los vicegobernadores de las 10 provincias que lo integran emitieron una declaración expresando su coincidencia con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal pero sin que se deba aceptar que sea a costa de los sacrificios extremos a las que se pretende someter a todas las provincias. A través del documento que se conoció el pasado viernes se le solicitó al Presidente de la Nación que al momento del tratamiento del Presupuesto 2025 se efectúen las correcciones pertinentes, a fin de no exponerlas a un esfuerzo mayor al que ya vienen realizando.
La Argentina es un país asimétrico, desigual, al punto que el 70% del Producto Bruto está en cuatro jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que tienen la mitad de sus rutas asfaltadas y servicios que no llegan al norte. Por ello es que parece más razonable no quedarse en el ajuste sino proyectar que las otras 20 provincias que producen el 30% restante tengan un mejor destino duplicando el PBI. Esto es, que la Argentina crezca con la generación de riquezas.
Salta, 23 de setiembre de 2024
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
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