Comenzó a prepararse el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025. Los distintos sectores políticos coinciden en la necesidad de dotar al Gobierno Nacional de esa ley pero también en que se deberán corregir notorios desvíos, como las decisiones que reducen significativamente el financiamiento de la educación.
Opinión19/09/2024
Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso acordaron con funcionarios del Poder Ejecutivo el tratamiento previo al debate en el recinto, que se hará de manera conjunta entre la Cámara de Diputados y el Senado. Se aceptará la participación de expositores que los distintos bloques quieran invitar, asegurando desde el oficialismo la asistencia de representantes del área de Economía.
A poco de conocerse el proyecto, que fue girado el domingo pasado al Parlamento, se advirtió el recorte en partidas destinadas a la educación y a la ciencia y tecnología. Su artículo 27 propone suspender disposiciones de varias normativas, en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1 de la Ley de Bases. Ello lleva a que se elimine la obligación del gobierno de turno a invertir 6% del PBI, que está contenida en el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; asimismo, se modifica la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia interrumpiendo la progresividad en la inversión del Estado hasta alcanzar la participación de ciencia, técnica e innovación del 1% del PBI en 2032. También se suspende el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, referido a un Fondo Nacional, que se integra con un aporte de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.
No se agota allí el recorte por cuanto la partida asignada al funcionamiento de las universidades nacionales en el proyecto de presupuesto es casi la mitad de los recursos que solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional; ello así sin considerar que en las próximas horas se conocerá el veto a la ley de financiamiento sancionada la semana pasada. Tampoco se prevé en el articulado de la iniciativa el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, impactando en la integración del salario de maestros y profesores.
La situación fue abordada en la reunión de la Comisión de Educación de Diputados, que requirió la presencia del secretario del ramo, Carlos Torrendell, para tratar lo relacionado a las proyecciones que resultan en un presupuesto muy magro para el sector. También demandaron la opinión de especialistas en financiamiento educativo.
La Agremiación Docentes Provincial de Salta, en tanto, estimó una afectación del 50% de los recursos que se vuelcan en programas fundamentales como la copa de leche o la quinta hora escolar, a la vez que se observa el riesgo sobre áreas críticas como la educación técnica, la construcción de jardines y las becas estudiantiles. Por su parte, el vicerrector de la Universidad Nacional de Salta, Nicolás Innamorato, opinó que el presupuesto proyectado para el próximo ejercicio fiscal está desfinanciando, no solo a las universidades sino a todo el sistema educativo argentino. En consecuencia, consideró que el recorte no solo afectará a los estudiantes, sino también a la capacidad del país de mejorar socialmente.
Frente a este panorama hay advertencias de resistencia y el propósito de abordar todos los frentes. El primero es el de los representantes en el Congreso, de los que se pretende que fundamenten el voto que emitirán; en ese orden también importa conocer si el apoyo político del Gobernador de la Provincia al gobierno de La Libertad Avanza se mantendrá como hasta ahora.
Hasta noviembre, que se estima será el tiempo de debate, se espera una sociedad atenta primero y movilizada luego en contra del desfinanciamiento de un área esencial para la construcción de un país grande. Será la forma de darle un mandato a los legisladores, marcando la línea por dónde deben transitar estas decisiones institucionales.
Salta, 19 de setiembre de 2024
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
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En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.