Apuesta

Desde que se sancionó la Ley de Bases, que creó el RIGI, se escucharon muchas voces de apoyo destacando sus virtudes pero sus oponentes lo siguen demonizando porque hay temores en torno de una decisión a largo plazo. Cabe señalar que es un régimen de fomento para el desarrollo de grandes proyectos y obras de los sectores de forestoindutria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgía, energía, petróleo y gas. Sus propósitos son los de incentivar grandes inversiones, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones de bienes y servicios, favorecer la creación de empleo y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos comprendidos en el régimen. Serán beneficiarios los proyectos con un monto mínimo de inversión de 200 millones de dólares, que se apliquen en provincias que por ley hayan dispuesto su adhesión.

Al Senado llegó con media sanción de Diputados pero despertó más expectativa el análisis en la Cámara alta porque previamente se habían escuchado voces disidentes, que finalmente resultaron en dos votos en contra. Hubo quienes apuntaron a aspectos que generaban reparos pero dejaron en claro que la adhesión debía resolverse como “un respaldo al gobernador”.

Debe tenerse en cuenta que los beneficios que ofrece el RIGI son de carácter fiscal y financiero, con una estabilidad de 30 años, lapso durante el cual ningún cambio que se produzca en la macroeconomía impactará en los proyectos que se desarrollen dentro del régimen. El presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta, Alberto Castillo, explicó que si exportan no tendrán retenciones y si importan no pagarán el impuesto por esta actividad; además, se reducirá el alícuota del Impuesto a las Ganancias que deben pagar. En todos estos casos, se trata de impuestos coparticipables que no ingresarán a la bolsa común de reparto pero quedarán en la Provincia porque los mayores beneficios se invertirán en sus plantas. En cuanto al aporte local será el de suspender el cobro de ingresos brutos y de tasas municipales, durante 30 años.

Desde el sector empresario local se ha señalado que el RIGI mejorará el atractivo que ya tiene Salta para las inversiones de alto riesgo como son las mineras, gracias a su seguridad jurídica. En un pronunciamiento se ha subrayado que mayores inversiones significarán más trabajo de calidad y recursos económicos para la provincia; asimismo, el régimen dispone que al menos un 20% de la inversión de las mineras se destine a proveedores locales.

En el debate en el Senado se escucharon los reparos, que especialmente giran alrededor del riesgo de afectar el medio ambiente y de perder el control sobre el uso de recursos, como el agua o perjudicar a las pymes locales. Pero la provincia necesita obras y puestos de trabajo genuino.

La oposición más dura marcó la raíz anticonstitucional de la norma,entendiendo que facilita que los capitales extranjeros puedan adueñarse de grandes porciones del territorio argentino, así como de empresas estatales y se blanqueen capitales de dudoso origen. “Es adherir a algo que atenta contra la soberanía y el pueblo argentino”, advirtió el senador por Cachi, uno de los dos votos negativos.

La mayoría fue por resolver prioridades, como la creación de empleo, el desarrollo de la industria local y la infraestructura social. Y apostó, como lo hizo el senador de la zona minera, a no morir sentados sobre una silla de oro.

Salta, 30 de agosto de 2024