Salta: por el crimen de un médico peronista juzgan a un exmilitar y ex comisarios de la policía provincial y federal

El miércoles de la pasada semana, el Tribunal Oral Federal N°1 inició el juicio a un ex militar y un ex comisario de la policía provincial por el crimen de un médico, cuyo cuerpo fue dinamitado. El martes, en tanto, el TOF 2 hizo lo propio con un ex integrante de la Policía Federal, acusado por tormentos agravados a un militante de peronista detenido ilegalmente por más de 7 años en distintas cárceles del país.

El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz (presidente), María Alejandra Cataldi y Jorge Abelardo Basbus, comenzó el miércoles de la semana pasada el juicio seguido contra los ex militares Ernesto Alejandro Repossi y el ex comisario de la Policía de Salta Joaquín Guil por el asesinato del médico Pedro Enrique Urueña.

El crimen ocurrió el 16 de diciembre de 1975, como resultado de un “operativo” conjunto, entre fuerzas del Ejército y la Policía de Salta, quienes secuestraron a Urueña de su casa en Tartagal, para luego ejecutarlo a balazos y dinamitar su cuerpo. El móvil, en tanto, está vinculado con la labor política y social que desarrollaba el profesional en el norte de la provincia.

En vista de este raid criminal, la acusación penal incluye los delitos de privación ilegal de la libertad, cometida por un funcionario público, con abuso funcional y falta de las formalidades prescriptas por la ley, agravada por haberse cometido con violencia y amenazas; en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Pedro Enrique Urueña.

El  martes, en tanto, el Tribunal Oral Federal N°2, integrado también con el juez Díaz, en calidad de presidente, con los vocales Gabriela Catalano y Cataldi, comenzó a juzgar a Juan Carlos Alzugaray, ex inspector de la Delegación Salta de la Policía Federal, por su participación, en grado de coautor, del delito de imposición de tormentos agravados en perjuicio de Eduardo José Porcel (h), agravado por ser la víctima un perseguido político.

En este caso, los hechos se desarrollaron el día 18 de enero de 1975, cuando Porcel fue detenido sin orden judicial por efectivos de la Policía de la Provincia en el kilómetro 13 de la ruta nacional N°9, en el trayecto entre la ciudad de Salta y Tucumán, en el marco de control policial.

Desde ese lugar, fue conducido a la Central de Policía, en la capital salteña, donde fue interrogado por sus vinculaciones con otros disidentes políticos; tras lo cual fue trasladado a la Delegación Salta de la Policía Federal, donde se repitió la indagatoria, aunque en este caso fue sometido a torturas por personal de dicha fuerza, y en particular por Alzugaray, quedando además expuesto a las torturas que allí se aplicaban a otros presos políticos.

Al otro día, en tanto, fue trasladado al penal provincia de Villa Las Rosas, donde quedó alojado en calidad de detenido “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. A los meses, el 1 de abril, fue trasladado con los ojos vendados hasta Tucumán, por un supuesto pedido del juez federal de esa provincia. Lejos de ese destino, terminó en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” en la localidad tucumana de Famaillá, donde fue sometido a distinto tipo de torturas.

Posteriormente, deambuló por unidades carcelarias de distintos puntos del país, donde fue sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entre otros penales, estuvo en la cárcel de “Villa Urquiza” de Tucumán, en la de Rawson y en la ciudad La Plata.

Recién, el día 19 de noviembre de 1982 fue puesto bajo el régimen de libertad vigilada y recuperó plenamente su libertad el día 21 de septiembre de 1983. En función de este derrotero ilegal y criminal que padeció Porcel (h), la fiscalía enmarcó los hechos vividos como resultado del plan sistemático de represión ilegal imperante durante el terrorismo de estado, siendo identificado Alzugaray como uno de los responsables.

 Un médico de gran trayectoria

Iniciado el juicio por el crimen del médico Urueña, el presidente del tribunal ordenó la lectura sucinta de la acusación, de la que surge que Urueña fue blanco de un grupo de tareas comandado por personal del Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, del cual era jefe Repossi.

El día del hecho, cinco hombres de civil, en un auto Ford Falcón, con armas largas e identificándose como policías llegaron a la casa de la víctima y dijeron que iban a realizar un allanamiento, sin mostrar orden judicial alguna y con una inusitada violencia, llevándose así al profesional.

Luego, lo llevaron por la ruta nacional 34 hasta un camino que conduce al paraje Balbuena, a unos 8 kilómetros al sur de General Mosconi. En esa encrucijada, lo ejecutaron mediante disparos de arma de fuego y la detonación de explosivos en su cuerpo. Al día siguiente, partes del cuerpo destrozado por acción de los explosivos y una cápsula de bala servida calibre 9 milímetros, aparecieron en la escena del crimen.

Expuesta la imputación, y dado que ninguno de los acusados pidió declarar, se dio paso a la etapa testimonial, en la que se destacó el relato dado por la viuda de la víctima, el que no difirió con los que ya había brindado en el expediente.

En concreto, confirmó que su esposo ya había sido víctima de otros operativos, en diciembre de 1974 y marzo de 1975, siendo alojado en el penal de Villa Las Rosas y que todo fue por “razones políticas”, pues la víctima militaba en la juventud peronista y, dada su profesión, tenía una fuerte influencia social en esa región.

Sobre el secuestro, reiteró la secuencia descripta en la acusación. Dijo que los que se llevaron a su esposo fueron entre cuatro o cinco hombres, que entraron a las patadas después de que su madre abriera la puerta, por los fuertes golpes que daban estos sujetos.

Afirmó que intentó impedir que se lo llevaran, pero fue inútil y que al preguntar respecto a dónde sería alojado le respondieron que al lugar al cual iba, “yo no podía ir”. Explicó que trató de seguir el vehículo en el que se movilizaban los secuestradores, pero, debido a los nervios, no pudo encontrar a tiempo las llaves de su rodado y los perdió de vista.

Sobre el peregrinar posterior realizado junto a su suegra a fin de saber dónde estaba detenido su marido, contó que intentaron hablar con autoridades del Regimiento Monte 28, pero ni siquiera con una recomendación que obtuvo la madre del médico, de otro jefe militar de Tucumán, pudieron ser atendidas.

Tras relatar otras peripecias, indicó que el 27 de ese mes, recibió un llamado anónimo, en el que le informaron que, a media cuadra, había una carta que era para ella. Dio aviso a las autoridades, tras lo cual fue informada del contenido de la misiva, en la cual supo que su esposo había sido ejecutado en el camino al paraje a Balbuena por un “Comando Libertadores de América”.

En cuanto a reconocimiento del cadáver, en un acta labrada en fecha 26 de diciembre de 1975, la policía local registró el reconocimiento que hizo la testigo del cuerpo de Urueña luego de que se le exhibiera retazos de prendas de vestir.

Sobre la labor en la comunidad de la víctima, la viuda confirmó su militancia política y la tarea social, como fundador de varios centros asistenciales, por ejemplo, en las localidades de Pocitos, Coronel Cornejo, Ballivián y Mosconi.

En ese sentido, la fiscalía probó que Urueña pertenecía a la Juventud Peronista y tenía una reconocida trayectoria política en todo el Noroeste, lo que era motivo para que fuera considerado un oponente al régimen de poder imperante.

Golpizas y traslados

En el marco del juicio por los tormentos agravados cometidos en perjuicio de Porcel (h), se destacó la declaración brindada por la propia víctima, quien dio detalles del secuestro, las reiteradas golpizas, torturas y la ruta de traslados de cárceles, de norte a sur del país, sin que existiera una causa valedera que justificara su detención.

Sobre lo sucedido el 18 de enero de 1975, recordó que fue detenido cuando viajaba a Tucumán para rendir una materia, en la carrera de Derecho. Precisó que sucedió en la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 13, por un control conjunto que realizaba personal de Ejército y de la Policía de la Provincia.

Desde allí, lo llevaron a la Central de Policía, en Salta, donde pudo reconocer a otros jefes policiales y represores, para luego ser trasladado a la sede la Policía Federal, donde fue sometido a interrogatorios y golpes, circunstancias en que reconoció a Alzugaray, como uno de los torturadores, quienes le pedían que delate datos de otra persona que buscaban.

Sostuvo que en la Policía Federal también estaban detenidos Luciano Jaime, entre otros militantes políticos de la época, y confirmó que la persecución sufrida, también era extensiva a otros integrantes de su grupo familiar, ya que todos tenían una marcada actividad, tanto en el ámbito de la política como también en la faz gremial.

Luego de tres o cuatro días, fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, donde estuvo alojado 20 días, siendo víctima de golpizas en dos o tres oportunidades, tras lo cual le vendaron los ojos y lo condujeron a la provincia de Tucumán, más precisamente al centro clandestino de detención conocido como “Escuelita” de Famaillá, donde permaneció otros 30 días.

Posteriormente, lo derivaron a la cárcel de “Villa Urquiza” junto a delegados de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA). Después, abordaron un avión con más cien personas más, siempre con los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Así, viajaron hasta la provincia de Santa Cruz, y diez días después, los llevaron a Rawson, en Chubut.

Agregó que, a los días, sacaron a treinta detenidos como rehenes del penal y los llevaron a la ciudad de La Plata, aunque no pudo precisar cuántos eran, pero que fue transportado en un furgón, sin que pudiera precisar el destino, ya que tenía los ojos vendados.

Al tiempo, fue trasladado a la cárcel de La Plata, donde logró escuchar una discusión entre el personal que iba en el camión del Ejército y los guardia-cárceles de la puerta de la Unidad N°9 de La Plata, acerca de si los dejaban o no ingresar, puesto que el personal del penal no los quería recibir.

La resistencia por alojarlos era por el grave estado de salud que presentaba, circunstancias en que fue obligado a firmar un papel, en el que asumía haber golpeado a un familiar. Explicó que, debido a las lesiones padecidas, estaba totalmente aturdido, por lo que firmó. Por último, indicó que su situación de encierro se extendió hasta pocos días antes de las elecciones de 1983, cuando finalmente recuperó la libertad.