
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
La empresa estatal, embargada por la justicia salteña, reapareció con una propuesta que será analizada este mediodía por la Provincia, lo adelantó en Aries el ministro, Sergio Camacho.
Salta05/08/2024Finalmente dio señales la empresa estatal Corredores Viales S.A y presentó una propuesta para hacerse cargo del tramo que une San José de Metán y Yatasto en la Ruta Nacional 34, cuyo estado es intransitable.
Luego del embargo que impuso el juez de Metán Sebastián Fucho a la empresa concesionaria por el 40 por ciento de la recaudación diaria del Peaje Cabeza de Buey, la empresa mostró intenciones de abordar la obra. En diálogo con Aries, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, reveló que, durante el fin de semana, se produjo el acercamiento, aunque adelantó que si lo que se propone no supera lo presentado hace un tiempo atrás, no se aceptará. "Si van a hacer parches no estamos dispuestos a que eso ocurra", avisó el ministro, y continuó: "Necesitamos una obra que sea necesaria para ese lugar y no una solución temporal que a los tres meses vuelva a presentar deformaciones".
Camacho señaló que la propuesta de Corredores Viales asciende a 850 millones de pesos, mientras que el cálculo del gobierno provincial estima una inversión necesaria de entre 1.500 y 1.600 millones de pesos. "Entendemos que a simple vista el monto de inversión no estaría siendo suficiente, más o menos tirando a la mitad", agregó.
Si bien la decisión política del gobernador, Gustavo Sáenz, es de recuperar el tramo con recursos de la provincia y luego reclamar el pago a Corredores Viales S. A., este lunes, al mediodía, habrá un Zoom para avanzar sobre la propuesta de la concesionaria. Participarán representantes de la empresa, funcionarios de Obras Públicas y Vialidad de la Provincia, se informó.
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
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