
La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.


La que transcurre es una semana decisiva para la relación entre Nación y Provincias. Los sectores políticos que toman parte de esta definición deberán asumir las consecuencias desde la gestión y desde sus estructuras.
Opinión25/06/2024
Todo indica que se transita un tiempo de pragmatismo político exacerbado ya que de lo que se trata es de gobernar con nuevas reglas de juego, que impactan en la disponibilidad de recursos y condicionan las medidas a adoptar. El Ejecutivo salteño firmó convenios con su par nacional para reactivar obra pública que, por el efecto multiplicador que esta tiene en la economía en general, se constituye en un plan de gobierno que pueda mostrarse a una sociedad que se empieza a expresar de manera demandante. Se reactivarán proyectos con financiamiento nacional y se retomarán otros con fondos provinciales, para su conclusión.
No se trata de nada que no haya estado en marcha o en planes pero se muestran como logros ya que se viene de medio año de parálisis total. Ese paso no es gratuito y se ha pagado con el apoyo político a leyes que generaron el rechazo de la oposición, que fue perdiendo fuerza en la medida en que las administraciones provinciales de su mismo cuño fueron mostrando su ahogo financiero.
No solo Gustavo Sáenz sino la mayor parte de los gobernadores hicieron acuerdos por obras con el Ejecutivo Nacional y ratificaron sus reclamos de mayores fondos y subsidios para sostener políticas sociales. Ello lleva a anticipar que casi todo el país será suscriptor del llamado Pacto de Mayo, que define diez líneas que constituyen el marco ideológico de un gobierno que llegó repudiando un modelo de organización política pero haciendo acuerdos electorales con ella. Es lo que los especialistas reconocen como pragmatismo político.
Uno de los referentes más encumbrados del peronismo vernáculo, el ex diputado Santiago Godoy, puso una mirada comprensiva sobre los movimientos del mandatario provincial, obligado a gestionar sin el 70% de los recursos que normalmente recibía Salta y que, al igual que Jujuy y Catamarca, tiene una gran dependencia de los recursos que coparticipa la Nación. Es que el gobierno libertario está enfocado en la macroeconomía y no mira al interior profundo donde hay mucha gente con problemas.
Desde el interior también se justifica el acercamiento de Sáenz al presidente Javier Milei. “Nación y Provincia no pueden estar disociadas”, fue la conclusión del diputado por Cafayate, Patricio Peñalba, al analizar la relación entre ambas. Destacó que Salta está tratando de hacer pie en un contexto nacional que no todos terminan de entender y ponderó el diálogo establecido más allá de ideologías y posturas personales.
En esa relación también incide el destino de los gobiernos municipales. En la primera mitad del año no se vio a intendentes presionando al gobierno provincial por mayores fondos ni evidenciando la ruptura del equilibrio de sus cuentas. Sin embargo, se sabe que esperan el derrame de los acuerdos que va cerrando el gobernador Sáenz. Los vecinos están acumulando necesidades porque los gobiernos municipales no pueden dar, por ahora, ninguna respuesta. Mucho menos podrían cuestionar la relación con el líder de una línea de pensamiento que niega al Estado y no tiene a la asistencia social entre sus intereses, dejando esas cuestiones en manos de los gobiernos locales.
Si en el curso de esta semana se sancionan las dos leyes que abordan los aspectos que demanda la gestión de la Libertad Avanza para su etapa inicial, deberán funcionar las alianzas que se fueron tejiendo en estos tiempos complejos. Son las que unen a gobernadores por regiones, a regiones por intereses, a intereses con expectativas y a estas, con las próximas elecciones. Es la síntesis que la política entiende.
Salta, 25 de junio de 2024

La provincia de Salta abrió un debate que, tarde o temprano, todas las administraciones provinciales deberán dar: cuánto cuesta el Estado y qué tan eficiente es en la gestión.

Se va a revisar la normativa que regula el funcionamiento de la Cooperadoras Escolares. Es la primera respuesta a una situación que cada año se repite al momento de habilitar la matrícula para cada año lectivo.

Mientras los argentinos votaban entre promesas y frustraciones, los grandes fondos ya habían ganado la elección. En diez días hicieron un negocio que ningún gobierno podría garantizar sin complicidad política.

Tras las elecciones de medio tiempo, importa atender el medio tiempo que resta. Por delante hay dos años de mandato para los Ejecutivos nacional y provincial y pensarlos en términos de una renovación reducirá la apreciación de una gestión obligada a resolver severos problemas por los que atraviesa el país.

Dos millones de argentinos no fueron a votar.

La democracia argentina ha dado otro paso hacia su fortalecimiento. Más allá de los resultados de las pasadas elecciones, se hizo lugar a una forma de participación ciudadana que, en cada comicio, tiene la oportunidad de evaluar la tarea política que se despliega desde la administración del Estado a la práctica del control del manejo de los asuntos públicos, que es tarea de los legisladores. Y a través del voto, califica.

Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.

El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.

Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 establece que el Estado nacional invertirá solo el 0,75% del PBI en educación. La proyección para 2026 marca el piso de inversión más bajo de los últimos 20 años.

Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.