La votación en general obtuvo 37 adhesiones y 35 rechazos. En el debate, algunos senadores adelantaron que buscarán cambios en Ganancias, uno de los puntos que recibió más críticas.
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Tras la ajustada aprobación de la Ley Bases, que volvió en segunda revisión y con varias modificaciones a Diputados, el pleno del Senado comenzó esta madrugada a debatir el paquete fiscal, un proyecto con varios artículos en puja relacionados, en particular, con la reactivación del impuesto a las Ganancias, el blanqueo y Bienes Personales, entre otros puntos.
El lunes último, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se propuso para esta discusión a cinco oradores por interbloque, con 10 minutos para cada expositor, además de los miembros informantes y titulares de las bancadas, con 20 minutos.
Para las definiciones en particular, el Senado avanza en un tratamiento por títulos mientras que, en algunos puntos específicos, se realizará por separado. Con este panorama, se esperan cerca de 20 votaciones sobre este proyecto.
En cuanto a la iniciativa, el líder de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, defenderá el dictamen de mayoría por ser el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Es decir, el miembro informante.
Uno de los debates interesantes se dará sobre Ganancias. Es que, luego de la suba que habría de 22% para los mínimos no imponibles en patagónicos, muchos legisladores del centro y norte del país quedaron en un lugar incómodo, ya que empujarían el tributo para ayudar a todos los mandatarios provinciales mientras que los del sur, incluso con la mejora que incorporó el Ejecutivo, no apoyarán los artículos. Esto llevó a que varios senadores duden sobre el voto y apuesten a desactivar, en particular, dicho 22%.
Este proyecto se encuentra en una jornada complicada, ya que el tratamiento en particular de la Ley Bases generó un fuerte malestar dentro de la oposición dialoguista, predisponiendo mal a este debate e incrementando la incertidumbre en el Senado.
Con 37 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó en general el dictamen para dar paso a la votación en particular por títulos.
Gerardo Martínez encabezó la comitiva que se reunió con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, para deliberar sobre cambios en el sistema de riesgos laborales.
La congresal del PJ salteño aseguró que, más allá de que oficialmente se apoyó a Ricardo Quintela para la presidencia del partido a nivel nacional, “se sabe que el que pierde acompaña”.
La iniciativa para eliminar las PASO y de modificación de la ley orgánica y de financiamiento de los partidos políticos había sido anunciada hace una semana por el vocero presidencial Manuel Adorni.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
La nueva propuesta reduce la superficie en verde en casi un 30%. Se distingue por incorporar un criterio de protección especial a las cuencas hidrográficas para preservar de forma más eficiente la biodiversidad.
Con alta imagen pública y luego de sus encuentros con líderes internacionales, el Presidente consideró oportuno acusar a su compañera de “estar cerca de la casta”; descartan pedirle la renuncia.
Un consultor financiero abordó temas como la inflación, la inversión, consumo y el rol del ahorro.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
