Proponen flexibilizar la ley para que diputados ejerzan la abogacía: “Es un trabajo, no una carga pública”, defendió Villamayor

En la Cámara de Diputados  - este martes en sesión ordinaria -  será llevado al recinto el proyecto de Ley que propone modificar el artículo 2°  de la Ley 7402 que prohíbe “a legisladores y funcionarios enumerados en la norma a representar o patrocinar, en ejercicio de su profesión a terceros que peticionen o pretendan hacer valer derechos de cualquier clase ante los poderes públicos de la Provincia  o sus municipios. Como así también, convalidar actos de cualquier naturaleza destinados a ser presentados ante dichos poderes, para obtener o consolidar derechos personales o patrimoniales. La presente prohibición incluye la defensa penal y administrativa de imputados de cualquier clase de ilícitos o irregularidades”.

En diálogo con Aries, la abogada y presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, Socorro Villamayor – también autora del proyecto – defendió la iniciativa como un acto de justicia e igualdad hacia los abogados y procuradores en  todo el territorio provincial cuando pretenden ejercer su profesión siendo representantes del pueblo.

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“Esta normativa surgió en 2002 siendo gobernador Juan Carlos Romero y existió una situación particular donde no gustó la actuación del legislador y en una cámara – si se quiere – obediente dieron la voluntad mayoritaria para eximir o para prohibir a  los abogados su ejercicio”, recordó la legisladora, y agregó que fue allí cuando se justificó que el abogado puede – falta de ética – influenciar en la justicia.

“La pregunta sería ¿podemos partir y decir que el abogado no es ético y que la justicia es influenciable?; no existe un solo caso denunciado donde un abogado siendo legislador haya ejercido influencia”, aseveró.

A esto, Villamayor, afirmó que partir de la presunción de que la justicia es influenciable “habla mal de la credibilidad en el sistema democrático, de la ética profesional de antemano; y habla mal de la justicia”.

“No hay un criterio razonable y todo dicta que es una decisión arbitraria”, ratificó.

A la pregunta si la propuesta legislativa se enfrenta con la Ley de Ética Pública, Villamayor lo negó ya que dijo que la mencionada norma es en general en cuanto impide ejercer cualquier profesión, siendo legislador, cuando  se tengan intereses contrapuestos con el Estado.

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Uno de los fundamentos que se esgrimieron allá en el debate de 2002 y con el cual Villamayor se mostró contrariada fue el de la carga pública.

“Terminaron algunos diputados diciendo que ser legislador es una carga pública y hay que dedicarle 24/7, pero como toda tarea o trabajo hay quienes dedican 24/7 y habrá quienes dediquen 7- llámese horas, días o como se quiera interpretar -. No es una carga, es un empleo público que tiene un tiempo de duración”, concluyó la presidenta de la comisión de Legislación General  en Aries.