Ya se está discutiendo en el Congreso de la Nación la llamada Ley Bases, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Opinión29/04/2024
El dictamen de mayoría, emitido por las comisiones correspondientes, es técnicamente lo que se vota en el recinto, y se trata de un proyecto de 232 artículos que contienen gran parte de lo que se considera el eje del programa de gobierno de la actual administración.
Hay partes de esta Ley que le sirven a los argentinos, sin ningún lugar a dudas, pero están contenidas en un marco legal que parece estar mucho más al servicio del gobierno en su afán de concentrar poder que al servicio de la gente.
La Ley Bases parte de la misma concepción que ha hecho fracasar a gran parte del sistema político y ha colocado a los argentinos en el lugar de enorme vulnerabilidad que nos toca vivir.
La premisa por la que, para lograr resultados en la gestión de gobierno, hay que buscar la suma del poder público no es ninguna innovación, lo han hecho casi todos los que estuvieron y no nos fue bien, nos fue bastante mal.
Hablan distinto pero hacen lo mismo. Critican a los anteriores pero hacen lo mismo. Se repite la misma metodología para distintos objetivos. Se piensa en el gobierno y el poder y no se piensa en los argentinos a los que se condena a un camino de dolor.
Insistir en la mala costumbre de entender al debate y a todo intercambio de ideas como un debilidad ha lastimado severamente la convivencia entre los argentinos y ha destruido la confianza en las instituciones de la democracia. Sin ellas serán en vano los esfuerzos que se hagan para salir de la profunda crisis en la que nos encontramos.
No se necesita más poder para el gobierno, se necesita más poder para la gente. La delegación de facultades en cabeza del Poder Ejecutivo que se pretende a través de la Ley en tratamiento va en el camino contrario al fortalecimiento institucional, elemento básico para salir del círculo vicioso en el que hemos caído hace ya tiempo.
La facultad, en cabeza de una sola persona, de disolución, intervención y modificación de prácticamente todos los organismos públicos, como así también la facultad de privatización y/o concesión de otros no parece ser una decisión prudente.
El afán de concentración de poder ser verifica también en el aspecto económico, a través de la creación de un gigantesco sistema de incentivos a las grandes inversiones, con un piso de entre 200 y 900 millones de dólares a las que se beneficiará con la reducción del impuesto a las ganancias, la exención de derechos de importación y exportación, de impuestos provinciales y municipales, entre muchos otros beneficios.
Castigar a los cuentapropistas, profesionales, a las pequeñas y medianas empresas, que son los que dan dos tercios de los puestos de trabajo registrado, subiéndoles impuestos para bajarle o eximirle impuestos a los monopolios que tengan capacidad de inversión de cientos de millones de dólares es la muestra más acabada de un gobierno que busca privilegiar a los privilegiados.
Necesitamos una Ley para los Argentinos, no una Ley para el Gobierno.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
Una mirada crítica sobre la concentración de poder en Salta y la debilidad de los controles institucionales frente al rol del gobernador.
Formado en las principales universidades de Europa y con pasado en la gestión pública argentina, Ian Sielecki volvió a quedar en el centro de la escena tras exigir que se retirara un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico durante una sesión en el Parlamento francés.
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La empresa EDESA ejecuta hoy el último de los cortes de energía eléctrica anunciados a comienzos de la semana, en el marco del Plan de Inversión 2026.
En un nuevo capítulo de la tensión entre el fútbol y el Estado, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, presentó una denuncia penal contra Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras detectar irregularidades financieras por un monto superior a los $375 millones.