Con la actual conformación legislativa, la obtención de la autorización es un mero trámite cuya virtud es la de habilitar el debate sobre las cuentas públicas, que siempre están bajo sospecha.
El empréstito que se va a tomar tiene como objeto hacer frente a las amortizaciones de la deuda producto de la emisión de los títulos denominados “Bonos del Bicentenario”, autorizados por Ley Nº7931 y reestructurados en el marco de la Ley Nº 8198, cuyo vencimiento operará el próximo 1 de junio de 2024 y para la cancelación de las cuotas de capital de los préstamos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.
Según la información que ofreció la conducción económica provincial y se conocieron por boca de los legisladores oficialistas, hay recursos para cumplir esa obligación y las que ordinariamente debe afrontar el gobierno, como son el pago de haberes y los gastos de la administración. Sin embargo, no va a contar con el flujo de fondos provenientes de las transferencias nacionales, que fueron suspendidas por el gobierno de La Libertad Avanza, situación que ha llevado a la paralización de la mayor parte de la obra pública que estaba en ejecución.
Las condiciones del préstamo ya están determinadas por lo que se trata de una contratación directa en términos que generaron suspicacias en la oposición. El Ejecutivo, en los fundamentos de la iniciativa, aseguró que se analizaron distintas alternativas financieras, resultando más conveniente la estructura de financiamiento propuesta por el Banco Macro, que es el agente financiero de la Provincia, por un monto que deberá ser pagado en 24 meses con la tasa Badlar del Banco Central más un margen fijo de hasta 7%.
Explicado por el oficialismo, se pagará dentro del mandato actual del gobernador Gustavo Sáenz, con la tasa más baja del mercado. Para la oposición, no explica porqué se eludió la licitación pública para la contratación del crédito en momentos en que hay una gran disponibilidad de pesos en el mercado financiero y se cuestionó que se haya aceptado anclar una tasa que está en descenso.
En el debate se reiteraron planteos sobre la opacidad de la gestión financiera del Gobierno Provincial ya que la información disponible cierra el 31 de diciembre de 2023 y sobre el primer cuatrimestre de este año solo hay “flayers” sin documentación respaldatoria.Y se adeuda información sobre el destino de los fondos que en mayor medida integran la deuda pública.
Se reclamó por la falta de información sobre el último préstamo autorizado por 50 millones de dólares, tampoco explicaciones sobre un plazo fijo por 67 mil millones de pesos cuando se está gestionando un empréstito por 40 mil millones. De allí los votos negativos a dar un nuevo cheque en blanco al mandatario provincial.
Las certezas del oficialismo no vencieron las dudas de la oposición. El tiempo y la gestión deberán acomodar las cargas.
Salta, 17 de abril de 2024
