Conflictividad

El gremialismo docente vio crecer su preocupación luego que los mandatarios del Norte Grande replantearon sus exigencias al Ejecutivo Nacional y recibieron un anticipo de cuáles cuestiones van a tener un acogida favorable y cuáles dependen del voto de los legisladores nacionales de cada distrito  . Del informe ofrecido por los participantes del encuentro ha quedado en claro que hay un estrecho margen de negociación disponible, condicionado por el plazo impuesto por el Pacto de Mayo.

El secretario general de la ADP, el  gremio más nutrido de los maestros, informó que tienen confirmado que la decisión nacional dejó en manos del gobierno provincial la continuidad del Incentivo Docente. Sólo será modificada por un fallo judicial o por la voluntad política del Congreso a través de una ley que mantenga vigente al FONID, el fondo que en dos décadas concurrió a engrosar el salario docente en todo el país.

Los dirigentes sindicales del sector no están dispuestos a resignar ese beneficio y si bien se aprestan a recurrir a la Justicia y requerir a diputados y senadores un voto favorable a alguna de los proyectos que ya tienen estado parlamentario, también pondrán en la mesa de la negociación colectiva la exigencia del pago del incentivo como venía realizándose. Y en ese sentido, ha quedado en claro que la procedencia de los recursos no es un dato que deba importar.

La posición gremial no debe desatenderse, a la luz de la historia de las luchas docentes. La Asociación Docentes Provinciales viene manteniendo una relación amigable con los sucesivos gobiernos provinciales, desde hace por lo menos tres décadas. Ello llevó a que se resienta su representatividad, lo que dio lugar a la  aparición de un colectivo que, bajo la denominación de Docentes Autoconvocados, permite que los reclamos se satisfagan y se formalicen pese a la informalidad de la lucha. En esta oportunidad, la ADP está condicionando su acompañamiento al Ejecutivo provincial, pese al pedido de comprensión formulado por el gobernador Gustavo Sáenz. Por ahora, se ha manifestado dispuesta a plantear batalla. La mención es inevitable, habida cuenta que los otros gremios suelen ser más críticos aunque finalmente firmen los acuerdos.

La posición del mandatario es muy complicada porque sus principales aspiraciones giran en torno de las obras públicas, muchas de las cuales son promesas de su primer mandato por lo que tienen -en algunos casos- un importante grado de avance. Su concreción dependerá de la posición que adopte frente al proyecto de ley de bases que ha vuelto al Congreso, reducida a los aspectos que ya fueron apoyados en la aprobación en general que se frustró en el período extraordinario.

Todo indica que la conflictividad social será el factor que, en última instancia, determinará el orden de las prioridades a atender.

Salta, 28 de marzo de 2024