Desde que en una escueta comunicación transmitida por el propio Presidente de la Nación por cadena nacional impuso las líneas gruesas de una propuesta para la Reconstrucción de la Economía Argentina, una catarata de opiniones cayó sobre una ciudadanía agobiada por una profunda crisis. Buena parte de esas evaluaciones fueron realizadas sobre el discurso del mandatario y la mayoría fueron formuladas por quienes tienen o tuvieron grandes responsabilidades en la conformación de un grave cuadro de situación. La población en general lo percibe en parámetros sociales negativos como una inflación de tres dígitos con la que cerrará 2023 y una pobreza que somete a casi la mitad de la población. A ello se suma la desconfianza que ha generado la dirigencia política en estas últimas décadas y la generalizada sospecha de un estado de corrupción en el manejo de todos los gobiernos.
Con ese ánimo es que el electorado se pronunció el 19 de noviembre pasado y llevó a la más alta magistratura nacional al referente de una línea de pensamiento que representa un modelo de gobierno que se opone radicalmente al vigente especialmente en las dos últimas décadas. El complicado tejido normativo que rige la actividad económica inspiró el polémico decreto, que generó críticas y movilizaciones aún antes de publicarse pero que se ajusta al compromiso asumido electoralmente. Y tiró las bases de un nuevo estilo de administración de la cuestión pública.
Se han generado opiniones que abordan la iniciativa desde distintos aspectos. La constitucionalidad del DNU es uno de ellos y si bien hay miradas contrapuestas al respecto, el andamiaje legal en torno de la cuestión da garantías a la población respecto que es muy difícil un avasallamiento al sistema institucional. El punto de partida del análisis fue planteado, por ejemplo, por el diputado nacional mandato cumplido Pablo Kosiner, quien vaticinó planteos porque a su juicio, el DNU 70 carece de los criterios de “urgencia, oportunidad y emergencia” que permiten este tipo de herramientas al Ejecutivo Nacional.
Pero hay un ámbito institucional que de manera urgente debe habilitarse ante la embestida normativa que significan las disposiciones contenidas en el instrumento publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Nación. Se trata de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que integran senadores y diputados de la Nación. Esa intervención diluye cualquier intento de avasallamiento de facultades y atribuciones de otros poderes.
Queda, por supuesto, la naturaleza de las medidas contenidas en el voluminoso decreto. Muchas de ellas están vigentes y buena parte de los ciudadanos lo ignora y quienes están obligados a tornar operativas leyes que se derogan, hicieron caso omiso a su cumplimiento. Tampoco fueron objeto de control en su aplicación.
Hacia adelante hay una cuestión de tiempo. Por un lado, el que debe darse al Gobierno para que muestre la razonabilidad de sus propuestas; por otro, el que deben tomarse los poderes Legislativo y Judicial de asegurar la constitucionalidad de las mismas. Especialmente debe ponderarse el tiempo que se tiene que tomar el ciudadano para hacer su evaluación y asumir el compromiso de confrontar o acompañar las políticas.
Salta, 21 de diciembre de 2023
