Un Decreto de Necesidad y Urgencia de 366 artículos llamó la atención y sembró preocupación en todo el país. La obligación ciudadana es la de entrar en un estado de análisis y participación.
Opinión21/12/2023
Desde que en una escueta comunicación transmitida por el propio Presidente de la Nación por cadena nacional impuso las líneas gruesas de una propuesta para la Reconstrucción de la Economía Argentina, una catarata de opiniones cayó sobre una ciudadanía agobiada por una profunda crisis. Buena parte de esas evaluaciones fueron realizadas sobre el discurso del mandatario y la mayoría fueron formuladas por quienes tienen o tuvieron grandes responsabilidades en la conformación de un grave cuadro de situación. La población en general lo percibe en parámetros sociales negativos como una inflación de tres dígitos con la que cerrará 2023 y una pobreza que somete a casi la mitad de la población. A ello se suma la desconfianza que ha generado la dirigencia política en estas últimas décadas y la generalizada sospecha de un estado de corrupción en el manejo de todos los gobiernos.
Con ese ánimo es que el electorado se pronunció el 19 de noviembre pasado y llevó a la más alta magistratura nacional al referente de una línea de pensamiento que representa un modelo de gobierno que se opone radicalmente al vigente especialmente en las dos últimas décadas. El complicado tejido normativo que rige la actividad económica inspiró el polémico decreto, que generó críticas y movilizaciones aún antes de publicarse pero que se ajusta al compromiso asumido electoralmente. Y tiró las bases de un nuevo estilo de administración de la cuestión pública.
Se han generado opiniones que abordan la iniciativa desde distintos aspectos. La constitucionalidad del DNU es uno de ellos y si bien hay miradas contrapuestas al respecto, el andamiaje legal en torno de la cuestión da garantías a la población respecto que es muy difícil un avasallamiento al sistema institucional. El punto de partida del análisis fue planteado, por ejemplo, por el diputado nacional mandato cumplido Pablo Kosiner, quien vaticinó planteos porque a su juicio, el DNU 70 carece de los criterios de “urgencia, oportunidad y emergencia” que permiten este tipo de herramientas al Ejecutivo Nacional.
Pero hay un ámbito institucional que de manera urgente debe habilitarse ante la embestida normativa que significan las disposiciones contenidas en el instrumento publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Nación. Se trata de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que integran senadores y diputados de la Nación. Esa intervención diluye cualquier intento de avasallamiento de facultades y atribuciones de otros poderes.
Queda, por supuesto, la naturaleza de las medidas contenidas en el voluminoso decreto. Muchas de ellas están vigentes y buena parte de los ciudadanos lo ignora y quienes están obligados a tornar operativas leyes que se derogan, hicieron caso omiso a su cumplimiento. Tampoco fueron objeto de control en su aplicación.
Hacia adelante hay una cuestión de tiempo. Por un lado, el que debe darse al Gobierno para que muestre la razonabilidad de sus propuestas; por otro, el que deben tomarse los poderes Legislativo y Judicial de asegurar la constitucionalidad de las mismas. Especialmente debe ponderarse el tiempo que se tiene que tomar el ciudadano para hacer su evaluación y asumir el compromiso de confrontar o acompañar las políticas.
Salta, 21 de diciembre de 2023
Tiene media sanción la reforma del Régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Se trata de herramientas que la Constitución Nacional contempla y que le permiten al Poder Ejecutivo tener más injerencia en la sanción de leyes.
Con una inversión de unos 150 millones de dólares, la Provincia de Salta ha comenzado este jueves la construcción de la obra vial más importante por su costo pero también por su impacto social y económico. La puesta en marcha del emprendimiento sirvió para mostrar una propuesta con vista a la reforma parcial del Congreso.
No todo puede ser presa de la especulación política. No todo vale. No todo da lo mismo. Al menos en nuestro metro cuadrado, en nuestra enorme y querida provincia de Salta, no vamos a dejar que esto siga pasando.
En el inquietante clima social que suele generar una campaña electoral, un avance en el sentido de censurar a la prensa produjo mayor perturbación. Pero también promovió pronunciamientos para advertir que los derechos y libertades no deben ser impactados en función de los intereses de sectores.
Aunque la campaña electoral está en marcha, el trecho hasta el 26 de octubre es considerable, dada la dinámica de la política argentina. Si el elector dispusiera seguirla de cerca, seguramente profundizaría el desconcierto con el que la observa ahora.
El 7 de septiembre Buenos Aires vuelve a votar, y aunque parezca un hecho local, lo sabemos bien: lo que allí suceda repercute en cada rincón del país.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.