
El máximo tribunal confirmó el rechazo al sindicato de presos. Los jueces argumentaron que los internos están bajo subordinación al Estado y su remuneración no es equiparable a la de un trabajador libre.


Tanto la jueza Ana Clara Pérez Ballester como la funcionaria de minoridad Elisa Catán, afrontan un proceso por haber otorgado la tenencia del niño de cinco años a su madre y su pareja, quienes actualmente purgan una condena de prisión perpetua por haber asesinado a Lucio dos años atrás. El jury comienza este martes 12.
Judiciales11/12/2023
El inicio del jury de enjuiciamiento por presunto "mal desempeño de sus funciones" a la jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de General Pico, La Pampa, que le dio la tenencia de Lucio Dupuy (5) a su madre y a su pareja, quienes lo asesinaron a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa, fue postergado para mañana martes, informaron este lunes fuentes judiciales.
El proceso que iba a iniciarse esta tarde de lunes a la titular del Juzgado de Familia Niñas, Niños y Adolescentes 1, Ana Clara Pérez Ballester, y a la responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2 de General Pico, Elisa Catán, quien también intervino en 2020 en el expediente por la tenencia del niño de 5 años que fue asesinado un año después, comenzará a las 8 del martes en el recinto de la Cámara de Diputados provincial.
Los voceros dijeron que a lo largo de esta semana está previsto que declaren 40 testigos, mientras que el martes 19 se escucharán los alegatos de cierre y el viernes 22 se conocerá si las funcionarias son o no destituidas.
El jurado de enjuiciamiento está conformado por su presidente y a su vez titular del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las legisladoras provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas Silvina María Garro y María Natalia Gaccio, que fueron designadas por sorteo.
En el juicio también intervendrán el procurador general subrogante, Guillermo Sancho –en reemplazo del titular, Mario Oscar Bongianino, quien se excusó a partir de una recusación planteada por Catán–; el abogado particular de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto, y las defensoras oficiales de Catán, Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz.

El máximo tribunal confirmó el rechazo al sindicato de presos. Los jueces argumentaron que los internos están bajo subordinación al Estado y su remuneración no es equiparable a la de un trabajador libre.

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