El tema dio lugar a un extenso debate durante el cual el Departamento San Martín llevó la voz cantante, aun cuando otras regiones de la Provincia también están padeciendo problemas en un servicio que tiene la estatura de derecho humano. En su transcurso hubo un repaso del plan de obras en ejecución pero también de antecedentes que condujeron a que la situación deba tratarse en el marco de una emergencia.
En diciembre del año pasado, se declaró el Estado de Emergencia Hídrica por escasez de agua, en todo el territorio de la provincia de Salta. La decisión, contenida en la Ley 8355, creó un Comité de Crisis y facultó al Poder Ejecutivo Provincial a adoptar todas las medidas conducentes a dar solución a la crítica situación. Precisamente es el marco que permite disponer la afectación, incorporación y reestructuración de las partidas presupuestarias para garantizar los fondos necesarios para financiar tales medidas, que incluyen las contrataciones de insumos, bienes, servicios, obras e infraestructuras necesarias para mitigar los efectos de la emergencia.
La ley impone promover la utilización racional del recurso hídrico, priorizándose el abastecimiento poblacional mientras dure el plazo de la emergencia, dispuesta por un año. No es una decisión menor teniendo en cuenta que el Código de Agua determina los usos del agua ubicando a la cabeza al abastecimiento de poblaciones. Otros son el manejo económico del recurso, como el riego, el uso industrial, pecuario, energía hidráulica, minería, acuicultura, termo - medicinales y recreativo. De allí la importancia de acotar la extensión de la emergencia, ahora prorrogada por otro año.
Hubo una activa participación de los diputados en el análisis de esta iniciativa, que generó rechazos por considerar desde algunos sectores de la oposición que hay alternativas al plan que desarrolla el gobierno de Gustavo Sáenz, que promueve especialmente el uso de aguas subterráneas, con la construcción de pozos en distintos puntos de la Provincia. Precisamente, los legisladores del oficialismo destacaron el plan de obras, un detalle preciso respecto del avance de las mismas y montos de inversión, que superan los 30 mil millones de pesos. Pese a ese esfuerzo, según reconoció la miembro informante y diputada del departamento norteño Gladys Paredes, en esa zona no hay “cantidad ni calidad en el agua”.
Ese punto alimentó momentos sobresalientes del debate porque se repasó la disponibilidad de recursos que hubo especialmente durante la década pasada. Fue reiterada la demanda de precisiones en torno de la inversión de los fondos de Reparación Histórica y Bicentenario, que totalizan más de 300 millones de dólares, que supuestamente financiaron obras que no se realizaron. También se subrayaron algunas falencias en el texto del proyecto de prórroga, que incluye disposiciones contenidas en los códigos de Agua y de Desarrollo Urbano municipal -que son de carácter general- tratándose de una ley de emergencia.
El debate fue revelador: un importante listado de obras está en marcha, no alcanza a todo el territorio provincial. Y se dijo más: la fuerte inversión hasta ahora no ha resuelto la carencia de un servicio esencial. El abandono de décadas está pasando facturas.
Salta, 29 de noviembre de 2023
