La querella, en el juicio que condenó a los hermanos Castedo, lamentó que la pata política haya quedado impune. “Aparicio tuvo la impunidad biológica”, sostuvo en diálogo con Aries el abogado, David Leiva.
Judiciales06/11/2023
Ivana Chañi
El viernes último se produjo un hecho histórico para la justicia salteña, los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo fueron condenados a 25 años de prisión efectiva por el homicidio de la productora rural, Liliana Ledesma, ocurrido en el 2006 en Salvador Mazza.
“Los Castedo cosecharon lo que sembraron y muchos fueron actos delictivos”, manifestó Leiva. El letrado indicó que por sus vinculaciones con el narcotráfico, Raúl y Delfín Castedo tienen aún causas por las que deberán responder en la justicia.
En sus declaraciones, el abogado querellante remarcó el rol y la fuerza de los padres de Liliana, quienes a sus 80 y 85 años, Elida Romero y Eugenio Ledesma, respectivamente, “debieron cargar una pesada cruz durante 17 años”, calificó.
El letrado enfatizó en la lucha que la familia libró desde el momento que la productora denunció públicamente narcotráfico en Salvador Mazza y los intereses que se sintieron amenazados.
“Algunos integrantes del Poder Judicial protegieron a los Castedo”, aseveró, recordando que en 2006 cuando se conocieron las escuchas, prueba central para la condena (a su juicio), la pata judicial permitió que los Castedo como el exdiputado provincial del PJ, Ernesto Aparicio, fueran impunes por todo este tiempo, salvando la situación del exlegislador, quien murió antes de que se lo pueda juzgar, “tuvo una impunidad biológica”, lamentó el letrado.
Leiva sostuvo que Aparicio participó en la planificación del crimen y en la realización de aportes con sus conductas, manifestó.
“Esta condena les va a permitir elaborar el duelo que arrastraron durante 17 años con los imputados y quienes eran públicamente conocidos como coautores de este delito y con el sin sabor de quien fuera el diputado Aparicio (un manda más en el Departamento San Martín) haya obtenido una impunidad biológica”, reflexionó Leiva.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
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Junto a la Escuela Técnica N°3142 de Cafayate y la Municipalidad, ambas empresas pusieron en funcionamiento la estación que permite la carga de celulares, inflar bicicletas y cargar agua para el mate.
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