Salta: un militar y un comerciante fueron imputados por un transporte de 23 kilos de cocaína

La decisión fue adoptada en una audiencia de formalización de la investigación penal celebrada el 17 de octubre pasado. La jueza también hizo lugar al pedido de prisión preventiva de ambos acusados requerido por la fiscal.

Al exponer el caso, la fiscalía explicó que el 14 de octubre pasado Alfonso, sargento del Ejército con revista en la Base de Apoyo Logístico ubicada en Resistencia, Chaco, conducía un automóvil Renault Sandero en el que viajaba junto a Palacio, de profesión comerciante. Explicó que el vehículo fue detenido en la ruta 5 por personal de la Gendarmería para su control, a la altura de la "Balanza de Vialidad, en la localidad de Las Lajitas, en el sur de la provincia.

En esas circunstancias, Alfonso viajaba uniformado e indicó que provenía de Tartagal, en el norte de Salta, y que se dirigía a Resistencia, repasó la fiscal.

Añadió que, mientras revisaban los papeles del rodado, se advirtió un notable nerviosismo de parte del militar y que su semblante se agravó cuando se abrió el baúl y se percibió un fuerte olor combustible. Explicó que los gendarmes se percataron de que el asiento trasero estaba flojo y que los tornillos habían sido removidos.

Gallo refirió que, dado el estado de sospecha y con conocimiento e intervención de la fiscalía, se trasladó el auto a la base de Las Lajitas, donde un can antinarcótico confirmó la probable existencia de droga en el sector del tanque de combustible. Allí se descubrió la existencia de un doble fondo, del cual se extrajeron 23 paquetes con cocaína, con un peso total de 23 kilos.

La fiscal refirió que, a partir de ello fueron detenidos ambos ocupantes del vehículo y que se secuestraron a los acusados tres teléfonos celulares y una suma de 120 mil pesos.

Prisión preventiva

La fiscal formalizó la imputación penal en consideración de que existen suficientes elementos de prueba de la participación delictiva y requirió que se dicte la prisión preventiva de los acusados, ya que “surgen evidentes los indicadores de riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal”.

Resaltó al respecto: “Estamos ante un hecho grave, con una importante cantidad de droga incautada, la que representa, a su vez, la afectación a la salud pública que hubiese causado, de haber concretado el transporte del estupefaciente”.

También hizo hincapié en la modalidad de ocultamiento desplegado y recordó que la pena en expectativa para este delito no contempla la posibilidad de una prisión condicional. Finalmente destacó que la investigación está en un periodo inicial, por lo que no descartaba la posible participación de otros implicados.

La defensa, por su parte, no presentó objeciones a los requerimientos de la fiscalía. Al resolver, la jueza coincidió en todo con lo planteado por la representante del MPF y agregó la obligación del Estado nacional de investigar hasta las últimas consecuencias los hechos de narcotráfico, según los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales.