En un informe semestral publicado este lunes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se relevó durante el primer semestre del año un aumento del 21% de la participación de menores de edad en hechos delictivos con respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese mismo relevamiento también se constataron 60 medidas privativas de la libertad y se evidenció que un 84% de todos los delitos juveniles registrados fueron contra la propiedad privada. Los datos se desprenden de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), que recabó las estadísticas de la Justicia Nacional de Menores entre el 1° de enero y el 30 de junio de este año.

En la Justicia Nacional de Menores se registró un incremento del 21% de la incidencia de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en delitos penales respecto al mismo periodo del 2022. En números implicó la apertura de 1109 causas penales -19,5% más que el año pasado-, lo que conllevó que 986 menores de edad tuvieran un expediente iniciado durante el primer semestre.

Las estadísticas surgen del documento “Niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores”, preparado y preparado por la BGD de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lleva el registro de la cantidad de menores con causas penales tramitadas y el número de medidas de privación de la libertad dictadas entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023 en la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese marco, de los 986 menores involucrados en causas penales durante el primer semestre, 913 fueron varones y 73 mujeres, lo que da un 92,6% y 7,4% respectivamente. Mientras que el 84% de esos expedientes abiertos fueron por delitos contra la propiedad y el 16% por otro tipo de delito. A su vez, nueve de cada diez niños, niñas y adolescentes con causas penales iniciadas en el primer semestre de 2023 son de nacionalidad argentina -94,8%-.

Otro dato que surgió del documento de la BGD es la edad promedio de los menores participantes de los distintos delitos ocurridos en la ciudad, donde el 56% de los casos contaba con entre 16 y 17 años. El 58% de los involucrados contaba con residencia en la provincia de Buenos Aires, mientras que el 41% tenía su domicilio en Capital Federal.