Leyendo la nota, se sabe que el imputado es una persona joven, de sexo masculino, que estaba detenido en Alcaidía porque en dos oportunidades intentó matar a puñaladas a otra joven, es decir, dos femicidios tentados. Leyendo la nota, se sabe que la decisión judicial proviene de un señor juez del Tribunal de Impugnación, actuando en forma unipersonal, quien fundamentó los resueltos citando la resolución ministerial que declara la emergencia carcelaria en nuestra provincia y en la situación de hacinamiento en el lugar de detención del imputado.

Este caso no fue el primero sino uno entre varios. Recuerdo uno y en el que otro juez, de competencia penal, decidió en sentido semejante, aunque con un alcance muy superior en número. Pasó no hace mucho, en la Justicia Federal de Orán, ante un hábeas corpus correctivo planteado por un defensor público oficial, que fue acogido favorablemente en el tribunal y treinta y tres (33) internos, de sexo masculino y femenino, recobraron su libertad en forma inmediata. El argumento fue el mismo: las malas condiciones de detención de tales internos.

Si bien ese criterio fue revocado poco después por el Tribunal Superior, puede que los fundamentos expuestos no fueran lo suficientemente claros, porque recientemente la solución judicial anterior se reprodujo ahora en esta ciudad. Ese Tribunal Superior considero que el juez inferior hizo prevalecer los derechos de los internos por sobre el interés del Estado de realizar el derecho penal, que afecta a toda la sociedad. Un derecho no puede reconocerse cancelando los otros, entre ellos, el derecho a la seguridad y la protección frente a la delincuencia.

El tema de fondo es que no se sabe qué hacer con las cárceles y peor aún, con las personas alojadas en ella. Las de nuestra provincia tienen una capacidad máxima de recepción de detenidos, que cotidianamente se excedía. La historia se repite, una y otra vez. Como las cárceles tienen superpoblación, al igual que la Alcaldía, se recurre a las dependencias policiales, que por lo general no tienen lugares adecuados ni preparados para recibir internos; el colapso, no tarda en llegar, porque también se excede la capacidad de alojamiento en las unidades.

Con más precisión, no se sabe qué hacer con las cárceles, tal como están ahora. Sí se sabe que podría hacerse, para dejar atrás el problema de calidad y cantidad del alojamiento de internos, en forma total o al menos parcial.

Hay una solución ideal que siempre estuvo presente en todo gobierno: construir nuevas cárceles, en esta ciudad y en alguna otra el interior, como por ejemplo, en Metán. Se sabe que hay proyectos en análisis, pero ninguno de ellos ha llegado a ese estado en el cual, la voluntad política de quien gobierna abre paso una obra concreta, a costos, a un proceso licitatorio, etcétera.

Es por eso que todavía hay tiempo para pensar en alguna alternativa superadora, ha delimitado presupuesto provincial para obras de esa clase. Por ejemplo, en imitar el modelo chileno, de cárceles de gestión privada y estatal. Mediante él, el vecino país modernizó sus cárceles, desde Arica a Punta Arenas, con participación empresarial en la construcción de las unidades de toda clase y capacidad de alojamiento, como así también el producto del trabajo de la población carcelaria, que es remunerado y por el que se hacen aportes a la seguridad social.

Ese modelo no es adaptable la actual situación por la que atraviesa nuestro país. Es año de elecciones y en la recta final, sube la temperatura. Un plan como Chile no fue parte de una política de Estado, es decir, de decisiones políticas sostenibles gobierne quien gobierne. Pero ahí está, para debatir o para informarse por lo menos.

Entre la primera gestión de Juan Carlos Romero y ésta, la primera Gustavo Sáenz, hay un lugar común. Los dos dictaron la emergencia carcelaria. 1995-1999. 2019-2023. Pasaron poco más de 20 años y el estado de las cárceles provinciales no ha variado significativamente. En el orden federal si hubo cambios relevantes, porque en ese periodo de tiempo, se habilitaron la Unidad de Cerrillos y el Complejo NOA III, en General Güemes.

Debe ser difícil tener que optar entre levantar una escuela o construir una cárcel. Lo que pasa es que esa no es ni debiera ser una opción. Las dos obras son obligaciones del Estado provincial.