Maqueda, primer “indagado” en el juicio político a la Corte

Luego de dos semanas de impasse y para evitar que se desinfle la expectativa, el oficialismo en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados disparó la primera citación formal como acusado con el objetivo de percutir sobre el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, al considerar probados los cargos que se le imputan por mal desempeño y posible comisión de delitos, en el marco de los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial.
 
La decisión que se llevó al pleno –donde el Frente de Todos tiene mayoría- incluye correrle vista al ministro de los elementos acumulados por la comisión en las audiencias testimoniales y la documentación, y convocarlo en fecha a definir para que formule un descargo, una suerte de indagatoria en el marco del proceso abierto en el Congreso. El apuro está radicado en que no se diluya el capítulo que pasó a ser central dentro del cúmulo de acusaciones hacia el máximo Tribunal que son las irregularidades detectadas en una década de control sobre las prestaciones de salud que, para el oficialismo, ratifica el poder de supervisión que tenía Maqueda sobre su día a día.

Quien encabezó la presentación fue Vanesa Siley, que fue votada nominalmente al cierre de la audiencia. Con 16 votos a favor de todo el oficialismo, quedó aprobada, mientras que el resto de la oposición votó de manera negativa. La propuesta es que la presidencia de la comisión –que encabeza Carolina Gaillard -formulará los cargos y formalizará los extractos para que el traslado lo que se vote en el transcurso de la próxima sesión.

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Los opositores, encabezados por Juan Manuel López, contraatacaron al deslizar que ellos solicitaron prueba por una sociedad comercial en el marco de la acusación por abuso de poder contra el juez Ricardo Lorenzetti, a quien le apuntan por la tirria de siempre y además porque lo perciben ahora cercano al oficialismo. “Lo que acabamos de votar deja la puerta abierta para llevar adelante el traslado para otro ministro si así lo consideran”, se sinceró Gaillard en una aclaración que parecía una invitación para tentar a los “lilitos”.

Existen tres variables a considerar: de qué manera Cecilia Moreau presidenta de la Cámara activa la petición de la comisión, siendo una referente del massismo, sector que se ha hamacado entre enviar señales de bandera blanca al máximo Tribunal y de no contrariar al kirchnerismo, en pleno tironeo por las candidaturas; la fecha en la que se defina la citación; y si Maqueda comparece o se escuda en la imputación judicial por los mismos hechos que se ventilan en Comodoro Py o elige la vía de un escrito para dar por cumplida la exigencia.

En 8 carillas, el oficialismo en pleno aprovechó una jugada ensayada para remitir por correo la propuesta a todos los integrantes de la comisión y apurar una votación que resultó afirmativa. “De las actuaciones ya reunidas, surgen elementos convictivos suficientes –para conformar la verosimilitud propia con el grado de provisoriedad que la etapa en curso permite- para formular cargos” contra Maqueda. Centralmente, lo acusaron de “consentir por omisión en el cumplimiento de sus funciones pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos a la obra social”.

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En ese combo de extrema gravedad, incluyen abandono de persona durante la pandemia pero, a su vez, lo circunscriben al marco de la pandemia, lo que termina siendo un atenuante, si se toma en cuenta el grado de emergencia general del sistema de salud. Además, le achacan responsabilidad sobre múltiples incumplimientos a afiliados desde traslados hasta autorización de prótesis. A ello, suman las de índole administrativa como ser la “conformación antijurídica” del directorio de la obra social y “mantener vacante” varios cargos clave. “Ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial” entre el 7 de abril de 2008 y el 31 de agosto de 2021. Es a partir de los desaguisados contables y administrativos y la precariedad con la que operó la obra social. Hay dos cargos bastante subjetivos: “contribuir y no evitar el deterioro del servicio de salud de calidad”, y “haber desvirtuado el rol institucional, afectando el desprestigio y mala reputación” de la OSPJN.

El primer elemento de prueba para Diputados es el informe de auditoría que encargó la propia Corte y luego los elementos testimoniales recabados donde adjudican a Maqueda el “señorío” sobre la obra social y su ejercicio “unilateral” por sobre el resto de sus pares. Expusieron como prueba también el mail que el propio Maqueda cursó para desligarse de cualquier supervisión, en agosto de 2021, hecho que terminó revelando Lorenzetti. Y el testimonio del exadministrador general de la Corte Daniel Marchi eyectado en el marco de esta interna y ahora peregrinando rumbo a la CIDH para que le permitan evitar el destino que considera una sanción encubierta a sus informes y al testimonio explosivo que brindó en la comisión. Al final, le contrapusieron a la testigo Isabel López Alducín respecto a que en los casos que recibía la Corte por amparos contra su propia obra social, el juez se colocaba como primer voto. Fue el primer testimonio de la misma jornada y es secretaria letrada en la vocalía de Horacio Rosatti.

La jornada tenía como fin el cierre del capítulo obra social para inaugurar el tramo “coparticipación” y el fallo que favoreció a GCBA. Antes, fue el segundo turno para Guadalupe Burgos, menos nerviosa que en su primera aparición. Había inconsistencias con otros dichos de testigos posteriores. “En Tesorería no se toma decisión alguna. No es autónoma”, indicó sobre el tema de ordenes previas que estipulaban su trabajo. Se confirmó la centralidad de Aldo Tonón, que ocupaba el directorio pero de forma unipersonal. Paula Oliveto recordó que Marchi tenía a su cargo los remanentes y su transferencia cuando se debatía cómo era el circuito para calcular con qué dinero contaba la obra social para cursar pagos. La testigo no dudo en negar que ella fuese la Tesorera como dijo Tonón.

López Alducín, con 30 años de experiencia, fue convocada por Rosatti y que solo conocía el criterio jurídico del juez sobre cuestiones ligadas a salud y discapacidad, no recorridos administrativos de expedientes. “Hay muchos recursos que son desistidos por la propia obra social”, aclaró respecto a la cantidad de casos que analizó. Hubo interrogatorio ligado a la vía de comunicación para acceder a Rosatti en cuestiones urgentes y también sobre la destrucción ocurrida en el despacho de su colaborador Silvio Robles: estaba “todo reventado”.

Le siguió María Susana Villarruel de la vocalía de Maqueda, especialista en derecho administrativo. Confirmó que durante un tiempo el primer voto era del juez en temas de salud y sostuvo que vió “poquísimas veces” a Tonón que supuestamente concurría con frecuencia a la vocalía. “Todos los expedientes administrativos entran por dirección de despacho y se da el trámite que corresponda, no iban directo a Maqueda”, indicó. La exdirectora de la obra social, Claudia Madies y recordó que conoció a Tonón en el Ministerio de Salud, donde se desempeñaban para el programa Remediar. “Queríamos gestión transparente como cuerpo colegiado y él tenía inquietud más personal de llevar deliberaciones y no nos permitía avanzar en el trabajo”, criticó a Tonón y su manejo personalista. Un asesor jurídico también desfiló pero con corto cuestionario. Y por último el contador Iván Ritbo que fue gráfico con su evaluación del sistema de gestión y contable: “No lo encontré acorde a la envergadura de obra social por lo que la recopilación de datos era un poco más lenta o había que revisar más papeles”. Y agregó que existían vulnerabilidades en los sistemas contables. “Podía sufrir modificaciones en cualquier momento, nunca supe si tenía parámetros de seguridad, entonces pedí base de datos cerrada”, afirmó. En síntesis, esas falencias fueron denominador común de las seis audiencias que demandó el tramo de la obra social.

Con  información de Ámbito