Pero hay otras señales que advierten que la insatisfacción social, por la situación de crisis socioeconómica que se va profundizando, puede canalizarse en la alteración del orden público.  

Esta situación explica la media sanción dada por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que reglamenta el derecho a manifestarse en espacios públicos. Sin embargo, la oportunidad de esa media sanción se observa como el manotazo de un gobierno que se está ahogando en el intento por manejar una negociación salarial.

De allí el carril por el que transitó el debate de la iniciativa en la última sesión de la Cámara baja. Buena parte ponderó como positiva la propuesta pero se la calificó de inoportuna, motivando un alto número de abstenciones que mostraron otro aspecto de este tratamiento. Se trata de la urgencia con la que se la llevó al recinto, como si se tratara de un proyecto de emergencia cuando en realidad estaba demorado desde hacía un año.

Ello es lo que ha llevado a que por estas horas se advierta la improlijidad, en el mejor de los casos, con la que el Ejecutivo trata de sumar al oficialismo legislativo al control de una situación que se ha desbordado. El rescate de un proyecto apropiado a estas circunstancias, que estaba retenido en algún espacio burocrático, no fue tema de la reunión que el lunes se realizó cuando el Ministro de Gobierno fue a la Legislatura a buscar ese apoyo y lograra una importante asistencia de diputados a su exposición. A la mayoría tomó de sorpresa que se sometiera a un tratamiento sobre tablas en la apertura de la sesión del martes; ello incluye a la diputada Cristina Fiore, una de las autoras del proyecto, quien dijo en su intervención que se enteró en ese momento que iba a ser tratado.

Esta premura evitó un tratamiento más adecuado de un proyecto de esa naturaleza, según se cuestionó en el debate de la cámara en comisión. Debe considerarse que el objetivo es  conciliar el ejercicio de los derechos esenciales durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas. Se entiende por Protesta o Manifestación Pública a toda reunión de personas que, con un objetivo común, con o sin desplazamiento en el espacio de uso público, por un tiempo determinado y sin violencia, reclama o reivindica derechos ante las autoridades públicas o entes privados. Ello incluye, por ejemplo, la marcha “Ni una menos” que se desarrolla el 3 de junio de cada año que no solo suele ser muy numerosa.

De lo que se trata es de reglamentar el ejercicio de la libertad de expresión, de reunión, el derecho a peticionar ante las autoridades, a usar del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, cualquiera fuera su naturaleza, según expresa el primer artículo del proyecto que ya se discute en el Senado de manera informal mientras se aguarda su ingreso. Su propósito es encomiable pero la propuesta es discutible en todos sus aspectos.

El Gobierno Provincial sigue criticando la protesta que pretendía clausurar con un acta acuerdo con gremios que no pueden conducir a sus bases. Insiste en que el incremento salarial supera la dinámica inflacionaria, que la movilización de trabajadores de la educación y la salud tiene infiltrados y que cualquier protesta desconoce la voluntad popular, que acaba de reelegir al actual gobernador. Son todas razones de dudosa solvencia.

Frente a la conflictividad social creciente se observa como un defecto correr por detrás de los problemas. También es un error mal interpretar el voto popular, que le ordena a Gustavo Sáenz solucionarlos en tiempo y forma, como se ha comprometido.

Salta, 31 de mayo de 2023