El Congreso de Perú declaró en las últimas horas "improcedente" la denuncia constitucional hecha por una legisladora contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las recientes protestas antigubernamentales.

Con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró que la presentación era "improcedente", informaron diarios locales.

La denuncia fue realizada por la legisladora de izquierda Ruth Luque y apunta no solo a Boluarte sino también al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro del Interior, César Cervantes; al exministro de Defensa y actual jefe de gabinete, Alberto Otárola y al exministro de Justicia, José Tello.

En su presentación, Luque consideró que los mencionados infringieron la Constitución en lo referido a sus atribuciones "en las esferas más atas de decisión en asuntos del uso de las fuerzas policiales y militares".

La subcomisión, sin embargo, consideró que la denuncia era improcedente porque "no cumple con el criterio referido a 'que se refiera a hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal'".

El informe indica que durante el periodo que es materia de la denuncia hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.

Asimismo, subraya que existe un marco legal para el accionar de las fuerzas militares y policial durante los estados de emergencia.

Se indica que los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del año pasado hasta febrero de 2023 se encuentran en proceso de investigación en el Congreso y en el Ministerio Público, por lo cual no está definida aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos.

Agrega que "al no determinarse en la denuncia fehacientemente si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes militares y policiales, ni demostrarse que esto habría sido conocido por los funcionarios denunciados, no podrían establecerse responsabilidades en ellos", como se plantea en la denuncia.

Del mismo modo, se indica que no procede acusar a los funcionarios denunciados por las opiniones que vertieron sobre las protestas y su probable financiamiento, ya que opinar no constituye delito.

Las protestas estallaron el 7 de diciembre de del año pasado, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado, luego de haber intentado disolver el órgano legislativo en medio de meses de tensiones contra el Ejecutivo.

Al menos 49 personas murieron por acción directa de la Policía y 11 en otros hechos violentos. Además, miles resultaron heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

En total son 60 los fallecidos, si se cuenta además quienes perdieron la vida como consecuencia de los bloqueos de rutas en el marco de las protestas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el miércoles pasado que hubo "graves violaciones" a los derechos humanos y posibles "ejecuciones extrajudiciales" a manos de las fuerzas policiales en Perú durante las protestas.

La CIDH señaló, además, que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y se registraron "graves episodios de uso excesivo de la fuerza" en casos concretos.

Fuente: Ámbito Financiero