Privilegios

La Justicia condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora responsable de administración fraudulenta de la Obra Pública durante sus mandatos como presidenta, de 2007 a 2015.  Por estas horas, la mayoría está conociendo aspectos de la llamada “Causa Vialidad”, que demandó tres años y medio de debate judicial, casi un millar de horas de audiencias. La lectura de la sentencia ocupó poco tiempo ya que los fundamentos serán leídos el 9 de marzo de 2023 y a partir de esa fecha, las partes podrán apelar la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 que integran los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Esta exposición no alcanza para dar cuenta del contexto de una de las ocho causas que tiene en trámite en su contra la que fuera calificada por importantes medios internacionales como “la dirigente más influyente y polarizadora de las últimas dos décadas en la Argentina”. Desde que la Justicia comenzó a investigar diferentes aspectos de su gestión de gobierno, luego que se truncara la denuncia contra su familia por enriquecimiento ilícito, mantuvo una creciente confrontación con ese poder al que infructuosamente trató de reformar. En esa puja se inscribe la muerte violenta de un fiscal que investigaba una de esas causas, ocurrida en enero de 2015.

El que está a punto de finalizar no fue un año fácil para el Gobierno al que pertenece la titular del Senado, por lo que cualquier tema que enerva la tensión interna que se percibe, altera el desarrollo de una gestión que no ha podido mostrar logros. De allí que la sentencia condenatoria de este martes llevó a un estallido emotivo que justificó al sentirse víctima de una persecución. Cristina Fernández, con la misma vehemencia y extensión que lo hizo cada vez que fue citada por el Tribunal, habló después del fallo y la emprendió contra la que llamó mafia judicial y empresarios de medios, exponiendo el contenido de chats que dan cuenta de maniobras para encubrir un viaje privado a Bariloche de jueces y funcionarios judiciales.

No hubo referencia alguna a los cargos en su contra que llevaron a la condena pero sí dejó tela para cortar en causas que podrían suscitar esos chats. Una de ellas es la que debe promover el Ministro de Justicia de la Nación, instruido al respecto por el propio presidente Alberto Fernández.

Todo indica, entonces, que el fallo no significa que la sentencia fue un punto final; es el arranque de otras cuestiones que el final del año, la crisis económica, el crecimiento de la pobreza y la consecuente conflictividad social no van a tapar. Y no deben hacerlo porque son indicios de extrema vulnerabilidad institucional. 

A las puertas de un año en el que debe elegirse un nuevo gobierno y como corolario de una condena que va a apelar, la empinada dirigente del oficialismo anunció que no se presentará a cargos electivos. No es la consecuencia de la inhabilitación a ejercerlos ya que la aplicación de tal inhabilitación procederá cuando la condena esté firme. Hay un largo trecho para que ello ocurra y aunque descienda al  llano por fin de mandato dentro de un año, la decisión de los jueces en esta primera instancia seguirá discutiéndose en otras superiores. 

Hasta una resolución definitiva habrán aparecido las  ganas de presentarse a cualquier cargo en otras elecciones y el futuro puede encontrarla nuevamente investida con privilegios. 

Salta, 07 de diciembre de 2022