Hoy es la fecha en la que se aguardaba con ansiedad, conocer la sentencia que dictaría el Tribunal Oral, en la causa que, junto a otros  ex funcionarios, se le sigue a Cristina, imputándoles un doloso proceder en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, a favor de Lázaro Báez, quien hasta el momento en el cual Néstor Kirchner asumiera la presidencia, era un modesto empleado del banco de esa provincia, pero que de la noche a la mañana, se transformó en uno de los más acaudalados empresarios de la construcción.

La fiscalía solicitó que a la vicepresidenta, se la condene a cumplir una pena de doce años de prisión, imputándole la comisión de los delitos de administración fraudulenta además de haber incurrido en la figura delictiva de asociación ilícita, lo cual agravaría todavía más su  situación procesal.

Se presume sin embargo, que el tribunal no consideraría tipificada esta última figura penal, sino solo la de fraude al Estado, lo que representaría una condena mucho menor, que podría rondar los cinco años de reclusión, pero que igualmente, iría acompañada de la  inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos.

Aun cuando esto ocurriera, nada impediría a Cristina postularse en cualquier candidatura, en las elecciones del año próximo, pues dichas penalidades, regirían recién cuando la sentencia quede firme y la misma, va a ser apelada ante la Cámara de Casación y luego ante la Corte Suprema y siendo que  esos organismos no tienen establecidos plazos determinados para expedirse, es de suponer que la conclusión del proceso, habrá de ocurrir recién dentro de tres o cuatro años.

Y en ese entonces, si como es de presumir, Cristina se desempeñara como senadora nacional por la provincia de ´Buenos Aires, candidatura para el cual seguramente se postulará, estará amparada por los fueros, lo cual impedirá que el cumplimiento de la pena se haga efectiva.

Es que si bien, nuestra Constitución Nacional, estableció la existencia de los fueros parlamentarios, lo hizo referido exclusivamente a la garantía de que ningún legislador pudiera ser molestado en ejercicio de sus funciones específicas.

No obstante, esa interpretación en la práctica, fue astuta e indebidamente ampliada por los propios legisladores, por aquello de que hoy por vos y mañana por mí, constituyéndose en la práctica, en un verdadero escudo protector de actos delictivos.

Basta recordar lo ocurrido con Carlos Menem, sobre quien pesaba una condena firme de seis años de prisión, por los delitos de contrabando de armas a Croacia y a Perú, como así también por la intencionada voladura de la fábrica de armas de Río Tercero, perpetrada con el solo propósito de ocultar que de allí, se habían sustraído las armas contrabandeadas y que provocara muertes y grandes destrozos en esa ciudad cordobesa.

Pese a eso Menem, mediante sucesivas reelecciones en su banca de senador por La Rioja, eludió el cumplimiento de su condena, y murió en el ejercicio de su cargo, siendo velados sus restos en el salón azul del Senado de la Nación.

A todo esto y previendo una casi segura sentencia condenatoria, desde sectores del kirchnerismo, se alienta una movilización popular en repudio de la misma,  tratando de inducir a pensar en la existencia de una persecución política por parte del poder judicial y los medios de comunicación, para así colocar a Cristina, en el papel de víctima.

Es por eso que ATE, el gremio que nuclea a los empleados públicos, se propone provocar la paralización de las actividades estatales, en tanto que el agresivo dirigente de los camioneros Pablo Moyano,  ha ofrecido  su enorme capacidad de movilización  con la cual puede provocar un verdadero caos en el país.

Sin embargo, aun dentro del propio gobierno, hay quienes ven con preocupación las consecuencias negativas que todo esto inevitablemente puede provocar, en momento en que se está tratando de ofrecer ante los organismos financieros internacionales, una imagen de supuesta normalización económica.

Resulta muy peligroso, en momentos en que la gente está pasando por graves dificultades de todo orden y expresa además, ttuna total pérdida de confianza en quienes conducen el país y justamente en el fatídico mes de diciembre, encender la mecha de un posible estallido social.