Los diez mandatarios de la región han trabajado durante 2022 en un conjunto de planteos, algunos convertidos en reclamos, que no tuvieron respuesta mientras que otros se concretaron y hay un resto que está en proceso de resolución. En la mayoría de los casos se trata de demandas que apuntan a eliminar las asimetrías que hicieron del norte la región más pobre del país.

En un trabajo sin diferencias de extracción política, se identificaron los problemas estructurales y se propusieron soluciones al Gobierno Nacional en los casos que se requería ese nivel de intervención. Hubo un esfuerzo notorio para mantener la regularidad del funcionamiento de un organismo que reúne en torno de una mesa a los gobernadores para tratar lo que funcionarios de alto nivel de cada área de gestión analizan y dictaminan en comisiones. Mucho mayor fue el trabajo para avanzar en realizaciones, entre las que pueden mencionarse misiones políticas y comerciales en el exterior. Pero lo más acabado son los requerimientos formulados en bloque o individualmente ante el Ejecutivo y el Congreso.

Se lograron obras públicas estratégicas y también medidas y programas para el reordenamiento de situaciones que parecían irresolubles. Buena parte de la tarea encarada tuvo resultados que ahora son objeto de seguimiento para avanzar sobre los aspectos pendientes. En ese orden se puede citar el subsidio al transporte, materia en la que hubo avances significativos pero no los suficientes como revertir totalmente un trato inequitativo entre el área metropolitana del país y el interior. Las tarifas diferenciadas de energía también aguardan aprobación mientras que las obras de construcción del Corredor Bioceánico ya tienen financiamiento pero deben realizarse.

En esta asamblea de noviembre volvió a subir al escenario de la gestión política el debate en torno de la reducción de aportes patronales. La región del Norte Grande cuenta con un sistema puesto en vigencia por decreto firmado en 2021 por el presidente Alberto Fernández, que dos años antes había impulsado la ley de solidaridad social y reactivación productiva a través de la cual se declaró una amplia emergencia pública, que quitó a la región ventajas fiscales que estaban vigentes por Decreto 841 desde 2011.

Fueron parcialmente reimpuestas por el Régimen de Promoción de Generación de Empleo en el Norte Grande, establecido por el Decreto 191. Se trata de una norma que establece que empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores por tiempo indeterminado, desde abril de 2021 y por el término de un año –ya extendido por seis meses más- se beneficiarán con la reducción de contribuciones patronales. No alcanzó porque no se creó trabajo.

Las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en el NOA y en el NEA, necesitan otros estímulos que los gobernadores conocen porque se los comunicaron las entidades  empresarias cuando elevaron propuestas para el desarrollo productivo, pidiendo –entre otros puntos- beneficios impositivos con un sistema especial para pymes y un plan estratégico que elaborará el Consejo Federal de Inversiones.

Es una tarea sin fin pero los mandatarios lo saben. Especialmente recogen el guante los que el próximo año estarán ocupados en su reelección o en la búsqueda de otros espacios dentro de la política argentina.

Salta, 23 de noviembre de 2022