Opinión 17/05/2022

Diálogo

Lejos de las estimaciones de febrero, cuando se negociaron los aumentos salariales acordados en marzo, el comportamiento de la inflación justifica las conversaciones que han comenzado entre dirigentes gremiales y funcionarios del gobierno provincial. Son contactos preparatorios de una reunión para analizar formalmente el impacto sobre los sueldos de la administración pública.

Para el gobierno, la cuestión salarial es una de las cuestiones más preocupantes porque configura un marco que se expande sobre el resto de la sociedad a la que el Estado presta servicios esenciales. De allí que en el presupuesto anual, la masa salarial tiene una participación significativa en el rubro de gastos. El problema es que los parámetros considerados para definir dicha determinación suelen sufrir significativas modificaciones en un país con inestabilidad económica.

Baste recordar cuáles condiciones se consideraron para definir el cuadro de gastos y recursos 2022. Se consideraron las proyecciones de precios y tipo de cambio, a nivel nacional, que ubicaron al dólar con un valor de 131 pesos a diciembre de 2.022, mientras que se proyectó que el Índice de Precios al Consumidor de un 33% interanual en igual período. 

En el marco de este contexto macroeconómico, el presupuesto provincial se elaboró con un resultado económico positivo de 23 mil millones de pesos. Los gastos previstos para todo este ejercicio ascienden a 241 mil millones de pesos.

Respecto del gasto en Personal se ha estimado un monto global de 146 mil millones de pesos. La cifra contempla las asignaciones de partidas que, vía transferencias, se prevén para financiar el gasto salarial de diversos organismos autárquicos y sociedades del estado, como así también el subsidio a la enseñanza privada. El monto se determina en base al costo salarial vigente a Diciembre de 2.021 más una previsión para los aumentos que regirán este año. Y ese cálculo es  el impactado por el principal problema de la economía nacional.

 La política fijada por la gestión de Gustavo Sáenz es que los salarios superen la inflación y si bien el acuerdo de marzo establecía un ajuste del 30% a junio, proyectaba que representaba 2 puntos por encima del IPC mensual. En el primer cuatrimestre ya se pusieron a la par pero con escasas posibilidades que la diferencia resulte favorable a los sueldos en la primera mitad del año. 

Pero esa relación directa no refleja un dato que es muy significativo: el poder adquisitivo de ese salario. El titular de UPC, Gustavo Soto, lo hizo notar al subrayar que el dato que expone el INDEC mes a mes es un promedio que no se compadece con el crecimiento de los precios de los productos de consumo masivo por parte de los trabajadores. Lo que paga un empleado público por alimentos, educación, transporte, servicios y vestimenta, aumentan por encima del 7%, superando incluso al IPC más alto de este primer período del año.

No solamente el sector de empleados de la administración provincial ha comenzado a reclamar aumentos. También lo hacen los trabajadores de los municipios,  a los que el Ejecutivo provincial asiste para evitar el desequilibrio entre los dos niveles de gobierno.

Se está abriendo mucho antes de lo previsto una instancia de diálogo que demanda responsabilidad y cordura a la dirigencia gremial, a los trabajadores y a un Gobierno que debe contemplar los intereses de todos. No hay margen para errores ni tolerancia para los excesos.

Salta, 17 de mayo de 2022

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