Desde esa posición trata que no baje la efervescencia en torno de un hecho que puede mantener severos perjuicios económicos para Salta y el resto de las provincias.

La decisión de retirar del debate parlamentario la regulación del impuesto al tabaco no solo constituye un nuevo golpe a los ingresos del Estado sino que desnuda la debilidad institucional de un país sometido a recurrentes crisis y que no encuentra la salida del laberinto. Por estas horas no se puede determinar de quién es la responsabilidad de tal disposición porque se conformó una trama tan compleja que cubre a quienes están moviendo los hilos. Saber de quién es esa mano invisible es lo que demanda el gobernador Gustavo Sáenz.

No es un tema novedoso ya que en 2020 tomó estado público la preocupación de productores e industria por el incumplimiento en que algunas empresas incurrían respecto del pago del impuesto mínimo al cigarrillo. A través de una solicitada publicada en uno de los principales diarios nacionales, cámaras y asociaciones que los nuclean pidieron a la Corte Suprema de Justicia el fin del recorte de recursos fiscales para el estado nacional y las provincias, que sólo en ese año significó una pérdida de 40 mil millones de pesos. Fue consecuencia de la acumulación de medidas cautelares generadas en una causa abierta en 2016 por AFIP contra la Tabacalera Sarandí.

En esta oportunidad, la situación alcanzó ribetes de escándalo ya que la intención de modificar la alícuota del impuesto interno que pesa sobre el precio de los cigarrillos por ahora generó dos denuncias penales. La última se conoció este jueves, presentada por la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras para  que investigue la eventual comisión de los delitos de cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión y lavado de activos contra el empresario Pablo Otero y contra legisladores, policías, gendarmes, abogados y empleados.

Todos los involucrados tomaron distancia de lo que viene sucediendo y el propio gobierno nacional, autor del proyecto del que se retiró la parte que ponía en igualdad de condiciones a todas las tabacaleras, tuvo que aclarar su participación. A través del Ministro del Interior indicó que seguramente será tratado cuando se analice la Ley de Impuestos Internos. Esa actitud no explica el poco interés por recuperar más de 200 mil millones de dólares que Sarandí debe al fisco, cuando la gente hace un esfuerzo estoico, tal como destacó el gobernador salteño puesto al frente de un reclamo que no va a abandonar, cuya resolución pone en cabeza de los legisladores nacionales que suelen hacer gala de obediencia debida al presidente de turno.

El peso de la cuestión, sin embargo, es solo parte de una negociación que no está muy expuesta.

Salta, 12 de abril de 2024