Este cambio operado en la sociedad ha acelerado el desgaste del sistema representativo, que ya venía mal herido desde hace décadas, hasta ponerlo en una crisis que ha hecho tambalear al propio sistema.   

 El desafío es de qué manera el Estado es capaz de construir legitimidad en este sistema en el que nuestra democracia se ha convertido en casi más participativa que representativa. 

 El camino natural en esa construcción necesariamente debe partir desde el ámbito más cercano al ciudadano que es el municipio. Es allí donde se pueden canalizar los mayores niveles de participación ciudadana a través de los cuales podremos reconstruir la devaluada legitimidad de origen de nuestro sistema. Es también desde lo local donde la capacidad de respuesta del Estado permitirá recuperar legitimidad objetiva a través de la gestión de soluciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que es la única razón de su existencia. 

 El empoderamiento del municipio como actor central en el camino hacia una nueva legitimidad es la clave para la recuperación de la salud del sistema democrático. 

 Se pueden identificar con claridad cuatro líneas de acción para alcanzar el objetivo. Deben encararse en forma simultánea, ya que cada una de ellas es condición necesaria, aunque no suficiente para lograrlo.

 La primera de ellas está relacionada con la urgente necesidad de elevar los niveles de profesionalismo de la administración local, capacitando a los servidores públicos de manera de elevar la calidad en la prestación de servicios. 

 El segundo es la elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico, cuyo éxito estará marcado en el carácter participativo que tenga en el proceso de elaboración. Se debe involucrar a la mayor cantidad posible de instituciones y actores sociales posibles en su diseño de manera tal que cada uno de ellos considere como propio el camino elegido.

 La tercera acción consiste en el fortalecimiento de la capacidad operativa de los municipios a través de la acción cooperativa entre aquellos que conformen regiones comunes y explorando también, en las áreas de servicios en las que sea posible, la articulación con instituciones sin fines de lucro.

 La cuarta línea de acción tiene que ver con la necesidad de dotar a los municipios de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades que surgen de esa mayor demanda a la que nos referimos.

 Es urgente modificar la lógica de pirámide invertida diseñada en nuestro país en el que los lugares de mayor demanda de servicios son los que menos capacidad operativa tienen para satisfacerlos. No parece tener sentido, frente a los desafíos planteados, tener una organización en la que la administración de recursos públicos está planteada, a trazos gruesos en un 70% nacionales, 25 % provinciales y 5% municipales, exactamente al revés de lo que los nuevos tiempos nos exigen.

 Debemos hacer el esfuerzo para que el tan mentado Acuerdo Nacional sea a favor de la gente, para ello debemos tener en cuenta que dotar a los municipios de la capacidad operativa necesaria será uno de los caminos más eficientes para lograrlo.