Hay muchas señales que el modelo actual de prestación de ese servicio esencial demanda un urgente tratamiento para frenar su decadencia y parar el drenaje de ingentes recursos que no se manifiestan en la calidad de la salud de los argentinos.

El Hospital Materno Infantil tomó la delantera presentando un informe que señala dos de las debilidades de la vinculación con las Obras Sociales. Por un lado, un marcado incremento de la facturación de los servicios prestados a afiliados de esas organizaciones pertenecientes a gremios. Fue del 66% respecto en los primeros 4 meses de este año respecto de todo 2021. En dicho informe se destaca que lo que se paga por las prestaciones no se han incrementado en la misma medida de los costos de medicamentos, insumos y salarios. Otro dato expuesto es que la inversión de recursos para esa atención no es recuperada en tiempo y forma.

Que más personas demanden la atención establecimientos sanitarios del Estado está indicando que el sector privado está cerrándose a esa demanda, lo que se puede deber a la imposibilidad de los pacientes de cubrir el plus que se aplica y también, a la falta de pago por parte de las obras sociales de las prestaciones realizadas. Esto último le ocurre a los hospitales provinciales; el Materno Infantil demanda el pago de más de 400 millones de pesos, que adeudan las obras sociales, incluso las de gran envergadura como la de trabajadores rurales, camioneros, gastronómicos y personal civil de la Nación, que son algunas de las que sostienen deudas millonarias con el establecimiento.

Del lado de las obras sociales hubo un informe de la titular del IPS, Gladys Sánchez, que podría explicar algunas debilidades del sistema. El incremento de los costos de las prestaciones del sector privado es creciente, especialmente en materia de medicamentos y servicios como el de terapia intensiva. La principal obra social provincial tiene 75 mil aportantes pero brinda cobertura a 280 mil afiliados; en una década, la participación de la industria farmacéutica creció 10 puntos, dado que hay medicamentos que cuestan hasta 5 millones de pesos. Además, la cobertura de planes especiales exige un notorio esfuerzo si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el gasto por cada uno de los cuatro mil pacientes oncológicos puede llegar hasta la suma de un millón de pesos por mes.

El cuadro expuesto, que se refiere a situaciones de larga data, da razón al pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de una reforma integral del sistema de salud. Lo planteó en diciembre de 2020 e insistió en junio del año pasado, generando la resistencia de la CGT, ya que los sindicatos temen perder el manejo y la recaudación de sus obras sociales. Con un largo ejercicio del poder, Fernández conoce por dentro los manejos de una caja que derrama beneficios indirectos.

Por ahora se conoce la existencia de un paper que hicieron circular dirigentes de La Cámpora, que propone un sistema integrado, para recuperar la gobernanza del sistema de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa. El funcionamiento del PAMI a mano de este sector, no es una precisamente una garantía.

Es indiscutible que hay que operar sobre la situación. Los esfuerzos públicos y privados deben rendir sus frutos, como sucede con otros modelos vigentes en el mundo.

Salta, 13 de mayo de 2022