El negacionismo del terrorismo de estado en Argentina

El negacionismo del terrorismo de estado en Argentina es la actitud de negar el terrorismo de estado que se implantó junto a la dictadura cívico militar con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

A 46 años de aquella fecha fatídica el día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia nos debe llevar a reflexionar en este tema tan importante y que se observa tan difundido del negacionismo del terrorismo de estado.

El término negacionismo que surgió para referirse a la negación del genocidio nazi hacia la población judía y restantes minorías, luego se extendió para nombrar a la negación de los genocidios en general.

Hay diversas modalidades de negacionismo del terrorismo de estado, unas explícitas y otras más disimuladas o sutiles.

Como formas explícitas de negacionismo encontramos la justificación de los hechos cometidos por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, o bien referir que fue una guerra sucia, la teoría de los dos demonios, como si se hubiera tratado de dos sectores equivalentes que produjeron daños simétricos: el Estado terrorista y los dos grupos guerrilleros: montoneros y el ERP- ejército revolucionario del pueblo. Otra modalidad explícita de negacionismo es negar la existencia misma de los desaparecidos. Otra forma no tan explícita pero que igualmente revela negacionismo del terrorismo de estado es la que pretende minimizar el número de víctimas y decir que el número de desaparecidos es muy inferior a 30.000 y que ésta es solamente una cifra simbólica y no real, aquí los negacionistas hacen referencia al número de detenidos desaparecidos informado por la CONADEP- Comisión Nacional de Desaparición de Personas- en 1985, que arrojaba una suma cercana a los 8.000 desaparecidos. Esta argumentación debe ser leída como negacionismo.

Al respecto recordamos aquí la carta que enviara el Dr. Luis Eduardo Duhalde, ya fallecido, como Secretario de Derechos Humanos de la Nación a Graciela Fernández Meijide que expresaba: “El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue “justo y en defensa de la patria” ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fue abiertamente criminal.”

En esa carta se mencionan los fundamentos por los cuales la cifra de 30.000 desaparecidos no es arbitraria: a) la cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio en el país que superan los 500, b) el número de habeas corpus presentados en el país, c) el número de integrantes de las fuerzas militares afectados a la represión ilegal que superan los 150.000 hombres, d) los informes de la embajada norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura militar informaron a la DINADirección de Inteligencia Nacional- chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000, recordando que la dictadura continúo con los secuestros por cinco años más con posterioridad a ese informe, correspondiendo la cifra de 22.000 sólo a los dos primeros años de dictadura.

Los muy lamentables dichos del ex presidente Macri como de Darío Lopérfido cuando fue secretario de cultura de la ciudad de Buenos Aires reflejan un desprecio del largo camino recorrido en materia de juicios y condenas a los crímenes de genocidio de la dictadura cívico militar que gobernó nuestro país entre 1976 y 1983 y se erigen como estandartes del

negacionismo estatal, reeditando el dolor de los familiares de los desaparecidos y de los sobrevivientes implicando una gravedad institucional tal que no pasa desapercibida.

Un negacionismo que podría pasar desapercibido, pero no lo hace, es que la Corte de Justicia de Salta se ha negado reiteradamente a utilizar como domicilio del Poder Judicial el de Avenida de la Memoria, Verdad y Justicia para todos los instrumentos públicos, avenida esta donde se encuentra emplazada la ciudad judicial y tiene su acceso principal.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos viene realizando reclamos en tal sentido porque hace 10 años a la fecha que la Avenida sobre la que se encuentra emplazada la ciudad judicial tiene el nombre de Memoria, Verdad y Justicia y sin embargo se utiliza una dirección que no corresponde, empleando el de “Avenida Houssay y avenida Bolivia”, así refieren todos los instrumentos del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta.

Esta reclamación fue realizada desde el año 2014 en adelante por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, a lo cual la Corte de Justicia contestó absurdamente que no se podía cambiar porque el correo reconocía la anterior denominación.

El nombre de Avenida Memoria, Verdad y Justicia fue la consecuencia de una enorme tarea de los organismos de derechos humanos y de la ciudadanía en los juicios de lesa humanidad.

Esperemos que este 24 de marzo de 2022 reflexionemos sobre el negacionismo en sus variadas formas.