Opinión24/02/2022

Control

La inminencia del inicio de la actividad legislativa nacional, provincial y municipal renueva expectativas respecto del tratamiento y resolución de problemas sociales. La búsqueda de soluciones con la concurrencia de la opinión de distintos sectores políticos mejora la gestión de los gobiernos. 

Hay un elemento esencial para obtener mayores resultados y es la participación social, convocada desde fines del siglo pasado como un rasgo de la democracia diseñada en la Constitución Nacional reformada en 1994. Y hay proyectos que se propondrán para promoverla en la Capital, que viene siendo gobernada con modos autocráticos; en otros casos, se trata solamente de tornar efectiva la Ordenanza de adhesión la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde setiembre pasado. 
Cabe destacar que también esa adhesión tiene carácter provincial, a través de la ley 8.173, sancionada en noviembre de 2019. Se trata de una norma nacional que tiene como objetivo de garantizar el efectivo ejercicio de un derecho que es básico para conocer fehacientemente cómo se está administrando el Estado, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
En tiempo de crisis, como el que se está transitando, se torna necesario mejorar la relación entre la sociedad y su dirigencia, especialmente la política, que desde funciones electivas maneja los asuntos públicos. El camino es la participación que refleja la presencia de un ciudadano activo, conocedor de su espacio social, dispuesto a intervenir -en forma directa o indirecta- en las decisiones y acciones, que conlleven a la atención de sus necesidades y mejoras en la calidad de vida de todos.
En ese sentido, desde la oposición se está proponiendo facilitar y estimular el control social, que es un mecanismo de participación. Su ejercicio, según los especialistas, realizado de manera conjunta y equilibrada permite el fortalecimiento de la gestión pública, a través de la eficacia, eficiencia y transparencia en el cumplimiento de sus funciones, pero también de las capacidades de la sociedad, con ciudadanos capaces de expresar y defender sus intereses y exigir soluciones a problemas básicos, aportando experiencias y conocimientos válidos para lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida.
El 1 de marzo se conocerán los objetivos de los gobiernos nacional, provincial y municipal. Sendos mensajes de los Ejecutivos darán cuenta de la situación en los respectivos estados y habrá anuncios de las acciones a implementar en el año en curso. Es un buen punto de partida para ejercer el control social y asegurar que los programas de gobierno se concreten y no queden en una proclama de buenas intenciones.

Salta, 24 de febrero de 2022

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