Voces
Solo un acto de fe o una adhesión incondicional al proyecto político que lidera la intendente Bettina Romero pueden generar confianza o, por lo menos, despertar expectativas en torno del presupuesto 2022 sancionado este lunes. Cerrando el año parlamentario, el Concejo Deliberante también sancionó las ordenanzas de Código Tributario y la Tributaria Anual.
La importante mayoría oficialista y la decisión de Juntos para el Cambio Más de votarlo favorablemente -aunque sin mayor convicción- hicieron posible que el gobierno comunal empiece el ejercicio fiscal disponiendo de esa importante herramienta de gestión. En el debate, la oposición se centró en una delegación de facultades, considerada grosera respecto del movimiento de partidas. Como parámetro, la titular del bloque Salta Independiente y vicepresidenta segunda del cuerpo, Ana Paula Benavídes, destacó que el Ejecutivo Municipal puede disponer del 50% de las partidas para gastarlo discrecionalmente. El radical Alberto Salim, por su parte, advirtió que la Intendente puede modificar el plan de obras públicas y solo queda obligada a informar al Concejo Deliberante, cuando por Carta Orgánica debe solicitar a ese cuerpo la modificación de la Ordenanza. La aprobación del Concejo es una sugerencia; el departamento Ejecutivo puede hacer lo que quiere, es la interpretación que del texto aprobado hicieron sus críticos.
La Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos correspondientes al Ejercicio 2022 determina un monto total superior a los 14 mil millones de pesos, con ingresos que se integran en un 41% por la recaudación propia; 17 puntos y medio son aportes de la Provincia y el 41% corresponden a coparticipación nacional. También la Nación aporta casi la mitad de la partida destinada a obras públicas, que asciende a un poco más de 2 mil millones de pesos.
El gasto en personal se llevará la totalidad de la recaudación de tasas municipales o lo que remita el Gobierno central para el caso que se cumplan las previsiones. Otras erogaciones se destinarán en un 40% a servicios no personales, menos del 15% a construcción y un 5% a bienes de consumo.
Estas proyecciones con seguridad serán alteradas porque se remiten a una fuente financiera que no tiene cerrada su proyección. Es que la administración nacional funcionará con la prórroga de un presupuesto confeccionado para un ejercicio fiscal –el de este año- impactado por la dinámica de una crisis económica que no se ha controlado y mucho menos revertido.
Para nada hubo una fundamentación solvente por parte del oficialismo respecto de los objetivos de la gestión reflejados en la distribución de recursos. No respondió a los cuestionamientos, a los que relativizó considerando que eran formulados por quienes no recorren los barrios y no consideró importante asegurar el control número por número y porcentaje por porcentaje, cuando al vecino solo le interesa que le llegue la luz o el cordón cuneta. El concejal José García, miembro informante y titular de Unidos por Salta, principal bloque oficialista, consideró que alcanza con el seguimiento para que lo plasmado en el Presupuesto se respete, para que el trabajo previsto se cumpla.
La gestión de Bettina Romero no está precisamente apegada al orden institucional establecido. En sus dos años de mandato hizo caso omiso a la existencia del Concejo Deliberante, evadiendo permanentemente el deber de información para allanar la tarea de control que es inherente al cuerpo deliberativo. La renovación del cuerpo no cambió hasta el momento esa actitud y, por ahora, desde el Concejo no hay señales de imponer las correcciones.
Pero hay voces que marcan los desvíos. Deben escucharse.
Salta, 28 de diciembre de 2021
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