Opinión 30/11/2021

Clave

A poco que ingrese el proyecto de presupuesto 2022 a la Legislatura Provincial, han comenzado a movilizarse los trabajadores de la administración pública para conseguir una mejora salarial para cerrar el presente ejercicio. Los judiciales hicieron punta aunque no forman parte de la mesa paritaria del sector centralizado, en el que los docentes se adelantaron al resto, como es de práctica.

En declaraciones periodísticas, el Ministro de Economía explicó la estrategia de la gestión del gobierno de Gustavo Sáenz en el manejo de los recursos, una cuestión delicada en un marco de ausencia de crédito y emergencia sanitaria en todo el país.  Roberto Dib Ashur dijo que se cuida el corto plazo de este año que ya termina y el corto plazo del año que viene. 

Cabe señalar que el informe sobre la ejecución presupuestaria que presenta la Oficina Provincial de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, da cuenta que a octubre último ya está ejecutado un 90% del crédito en Personal. La cifra global destinada a ese rubro –unos 91 mil millones de pesos- equivale al 56% del gasto total previsto en el presupuesto 2021 y para los dos últimos meses del año quedan disponibles unos 8 mil millones. Sin resolver aumento alguno, seguramente necesitará un refuerzo desde otra partida; el pago de sueldos es uno de los ítems que se sobre ejecuta habitualmente.

Estos datos advierten sobre las dificultades que seguramente tendrán las negociaciones paritarias si es que se habilitan. El último movimiento en la materia se registró en agosto, cuando hubo una renegociación de haberes con los docentes como resultado de un extendido paro promovido por el sector extragremial de los autoconvocados, que llevó a un ajuste para este año por encima del 50%.

El impacto sobre la grilla salarial del resto de los sectores del empleo público se manifestó en un adelanto de un 10% del aumento salarial que se había cerrado a comienzos del año y que debían pagarse en septiembre. Ese porcentaje se canceló en agosto y desde entonces no hubo otra mesa de negociaciones. Si no hay algún bono extraordinario, por ahora deberán aguardar el pago del medio aguinaldo con el sueldo de diciembre para observar un mejoramiento de los ingresos. Es un momento complejo, si se tiene en cuenta que los municipios suelen respaldarse en el Ejecutivo Provincial para cumplir con sus obligaciones salariales.

La expectativa por fuera de la problemática laboral son las definiciones que el Gobierno expondrá en la propuesta de financiamiento de sus políticas públicas. El titular de Hacienda ha dicho que, ajustándose a los lineamientos nacionales que aún no fueron tratados en el Congreso, se espera un crecimiento del 4% el año entrante y la pauta inflacionaria es 33%. Tanto el Parlamento nacional como la Legislatura Provincial han prorrogado sus sesiones ordinarias para cumplir con la manda constitucional de cerrar el año con el presupuesto aprobado. Nadie ignora que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional son las que están determinando la demora, ya que el proyecto del Ejecutivo Nacional ingresó en setiembre último a la Cámara de Diputados, sin mayor avance hasta la fecha.

Según los anticipos, la principal propuesta del gobierno de Gustavo Sáenz se enfocará en la obra pública, buena parte de la cual estará financiada por recursos nacionales. Dado a que Salta renegoció su deuda, tiene habilitado el crédito internacional pero la experiencia de sus antecesores indica que debe avanzarse con mesura y cautela. Seguramente un cuidado equilibrio fiscal será la clave para un tiempo sin conflictos.

Salta, 30 noviembre de 2021

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