En el día que se conmemora un nuevo aniversario del inicio de la última guerra por su recuperación y se rinde el merecido homenaje a los veteranos y caídos, el presidente Javier Milei convocó a la reconciliación con las fuerzas armadas y a trazar una hoja de ruta para la recuperación de las islas.

El tono del discurso del mandatario nacional puede disipar el temor por la desmalvinización, expresado por algunos sectores y especialmente por gobernadores patagónicos. Es consecuente con la posición que, en un poco más de 40 años, asumió cada turno de gobierno respecto de cómo llevar adelante las consecuencias de una guerra que dejó más de 649 argentinos muertos. Análisis de especialistas concluyen en que la trayectoria de los sucesivos gobiernos en la materia “muestra un zigzag de acciones políticas y diplomáticas limitadas e inconsistentes”.

La opinión presidencial sobre esos pasos fue muy crítica y destacó que fueron inconducentes porque “nadie tomó en serio a los corruptos”, según su particular mirada. Durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín se desarrolló una política orientada a recuperar la imagen del país, fundamentalmente en los foros multilaterales, sin restablecer relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

Ello se produjo en el gobierno de Carlos Menem, que en 1990 firmó el Tratado  Anglo-Argentino de Madrid, complementado luego  por el de Promoción y Protección de las Inversiones“, suscripto en Londres. Con el propósito de traer a los británicos a la mesa de negociaciones se desplegó una política de seducción sobre los kelpers, los habitantes de las Malvinas. Fue un fracaso rotundo que complicó la posición de reclamo de la Argentina, al aceptar que los isleños opinen sobre la cuestión.

Durante las sucesivas gestiones de Néstor y Cristina Kirchner las demandas, especialmente en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, se endurecieron y se avanzó en rescindir concesiones para actividades económicas dadas a los británicos. En 2009, fue promulgada la ley 26.552 que ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas a partir de su inclusión dentro de la jurisdicción político-territorial de la provincia de Tierra del Fuego.

En la presidencia de Mauricio Macri se privilegió el desarrollo de negocios con la corona y la discusión de soberanía pasó a un segundo plano. A través de la Declaración Conjunta Argentino-Británica, se fijó una agenda de activdades que se cumplió parcialmente porque el gobierno de Alberto Fernández tomó iniciativas para darle estatus de política de Estado al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas y proteger los recursos naturales en el área en disputa.

Por los que dejaron su vida en esa tierra argentina, la causa Malvinas no debe ser ordenada por el gobierno de turno. Debe ser un reclamo inclaudicable y cumplir el mandato de integrar las islas al territorio nacional, al que pertenecen.

Salta, 02 de abril de 2024