Se discrimina a una persona cuando no puede, se le dificulta, se lo limita o se le reduce la posibilidad de ejercer un derecho por determinadas cuestiones. Ellas son raza, religión, nacionalidad, forma de pensar, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social y características físicas. Luego de dos atentados contra entidades judías, que dejaron más de un centenar de muertos en Buenos Aires, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Era 1995 y gobernaba Carlos Menem, quien lo propuso como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, sancionada en 1988, en el gobierno de Raúl Alfonsín .

Debía  elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsar y llevar a cabo políticas públicas federales y transversales, orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria. A casi 30 años de su creación el INADI recibe en sus 43 delegaciones en todo el país denuncias por discriminación, brinda asesoramiento a las víctimas y monitorea situaciones donde el sexismo, racismo, la discriminación al colectivo LGBT y la xenofobia puedan afectar la vida de las personas.

La expansión territorial es una de las virtudes que se destaca de este organismo, dado que las personas que atraviesan un problema de discriminación recurren a sus oficinas esperando una resolución rápida, lo que es posible merced a la cercanía. Las denuncias, que alcanzan a casi 3 mil por año en el país, han permitido elaborar el Mapa de la Discriminación, del que surge como mayor preocupación de la población la discriminación por aspecto físico y también la pobreza. Hay un crecimiento en la sensación de la discriminación en el país, a la que se considera una vulneración de derechos. También se ha verificado un alto conocimiento del INADI, lo que lleva a  que se coloque al Estado como el primer garante de la no discriminación.

Del anuncio del cierre del INADI se desprende que por encima de ese tipo de consideraciones prevalece uno de los ideales del presidente Javier Milei, que es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos, según dijo su vocero. Al anunciar el cierre del INADI, Manuel Adornis señaló que se están dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o son simplemente lugares para generar empleo militante.

No hubo ninguna referencia en el anuncio oficial a la problemática que analiza y resuelve el organismo vinculado a los derechos humanos, excepto el compromiso de parte del Ministro de Justicia de la Nación, de hacerse cargo de esa tarea. Si un originario del norte no recibe atención sanitaria por su condición de tal -que ocurre como se comprueba con casos resueltos en Salta- deberá denunciar en Buenos Aires y confiar en la eficiencia del actual equipo de gobierno para su resolución en tiempo y forma.

Hace falta transparencia en el manejo de recursos públicos y sustraer a la administración del uso espurio que suelen realizar grupos cercanos al poder. Pero también deben tratarse con respeto y consideración las tragedias que genera el trato deshumanizado de situaciones cotidianas  de discriminación y violencia.

Salta, 23 de febrero de 2024