Tal es el panorama que está analizando el Gobierno con la participación de la Legislatura, atento a que diputados y senadores trasladan la demanda social y aportan datos precisos de los sectores que deben atenderse con recursos materiales y humanos.  Pero especialmente porque deben aprobar leyes para consolidar el equilibrio fiscal que la Provincia venía sosteniendo, con sueldos al día, con obras en ejecución y pagando una abultada deuda pública que ya se ha reducido en un tercio.

Ese propósito ha llevado al equipo económico del Ejecutivo a requerir autorización para la toma de deuda. El proyecto de ley presentado es por un crédito de 40 mil millones de pesos para financiar la reprogramación de vencimientos, que permita no comprometer  el apreciado equilibrio fiscal al que las recientes medidas nacionales están golpeando, incluída la “enorme recesión” -como la calificara el ministro Roberto Dib Ashur- que está afectando el nivel de recaudación provincial.

Más allá de datos fiscales, la crisis económica se expresa en el decaimiento de la situación social que ha llevado a que en los últimos tiempos se hayan verificado  74 intentos de tomas de terrenos en Salta. Sin descartar el accionar de especuladores, que suelen aprovechar los momentos de caos,  el diputado justicialista Germán Rallé, reconoció que la conflictividad social va en aumento y ya no se puede ignorar. 

En ese marco se debe inscribir la iniciativa de la Corte de Justicia de aplicar un arancel para recurrir en queja al Tribunal. Se ha remitido un proyecto de ley a la Legislatura que trata de allegar recursos para las actividades de ese poder, dejando en claro que no existe intención de obstaculizar el acceso a un servicio esencial en la vida democrática.

La salud de las cuentas fiscales concurre a mantener bajo control las acciones esenciales del gobierno, aún cuando se ha destacado la limitación para ir definiendo políticos para el mediano y largo plazo. Por ahora la coyuntura se despliega como una prioridad y obliga, incluso, a actuar en bloque. Los gobernadores de la Región Norte Grande han hecho acuerdos en ese orden y también lo harán los legisladores justicialistas de todo el país. En este caso tratarán de sentar posiciones conjuntas de cara a la coyuntura económica y política, fortaleciendo la posición de gobernadores. Se apunta a evitar que se desfinancien las áreas sensibles de cualquier Estado porque generan malestar social.

Hay coincidencia en alcanzar consensos en el país. La discusión es por cuáles caminos se debe transitar hacia ese fin.

Salta, 09 de abril de 2024