En el Acta de Labor Parlamentaria de la última sesión se incluyó el Proyecto de Ley proponiendo prorrogar desde su vencimiento y por el término de un año, la vigencia de la ley 6.583, de  1990, que impone la emergencia económica y administrativa en la Provincia y de la Ley 7125,  de adhesión la Nacional 25.344, de enero de 2001.

En 1990 gobernaba el justicialista Hernán Cornejo, no había transferencia de partidas, la recaudación era casi nula y apenas se podían pagar algunos sueldos a los trabajadores públicos por lo que se incautaron depósitos del Banco Provincial y a los depositantes le dieron bonos, tal como recordara este martes el olmedista Carlos Zapata. 

Entre esa situación y la actual hay diferencias marcadas como las hubo durante la gobernación del renovador Roberto Augusto Ulloa, los tres mandatos de Juan Carlos Romero y los tres de su sucesor Juan Manuel Urtubey, ambos peronistas. Sin embargo, se sucedieron las prórrogas anuales, como si ningún mandatario tuviese la capacidad de revertir el estado de emergencia.

En la sesión de ayer, tanto el oficialismo como la oposición reconocieron que se trata de una normativa que se incumple. La emergencia de Cornejo disponía en su primer artículo la suspensión del otorgamiento de subsidios, a menos que se trate de una asistencia esencial. Sin embargo, en más de tres décadas se extendieron con escasas restricciones, como el caso de los 5 millones de pesos que Urtubey entregó al Auto Club Salta, cuando organizaba onerosas carreras de Top Race y que se repitió en julio de 2019, por un millón y medio de pesos.

El superávit fiscal que el gobierno de Gustavo Sáenz declaró en 2020, no evitó la prórroga de ese año ni la que está a punto de disponerse este 2021. Desde el oficialismo se marcó la necesidad dar al Gobierno la capacidad de respuestas rápidas en determinadas circunstancias, como la de la pandemia de Coronavirus pero la oposición consideró que libera al Estado del cumplimiento de obligaciones y se suman poderes extraordinarios al Ejecutivo, para que los ejerza con discrecionalidad, sin posibilidades de control.

Con este diagnóstico se llegó a dos coincidencias entre oficialismo y oposición. Una de ellas indica que la emergencia se mantiene para frenar la ejecución de sentencias en juicios contra la Provincia, que permite acuerdos favorables al Estado pero que constituyen despojos a los privados que litigaron en recuperación de sus derechos. 

La otra coincidencia es la necesidad de actualizar la ley de emergencia para adecuarla a los tiempos actuales, con otras exigencias. No solo es una norma inoficiosa y arbitraria sino que desactualizada, al punto que contempla un plan de emergencia del empleo, cuyos valores de contratación ejecución no deben superar los 10 mil pesos. Quedó formalizada la propuesta de integrar una mesa entre las cámaras legislativas y el Ejecutivo para acordar los términos de una nueva ley. 

La preservación de una incipiente recuperación económica lo merece.  

Salta, 17 de noviembre de 2021