Por Aries, Ferraris explicó que todo surgió de un trabajo de campo de 2016, del cual se desprenden observaciones sobre la obra y licitación de la onceaba colectora de San Lorenzo, y también de obras en Tartagal.

Señala que se trata de situaciones que a mérito de la auditoría, justificaba la participación de fiscales para definir y calificar conductas que consideramos sospechosas.

Detalla que “la secuencia es similar” y consiste en “adjudicación de obra, luego inmediatamente a los siete u ocho días se hace redeterminación de deudas sin haber empezado la obra”. 

Agrega que a los ocho días comienzan a cobrar anticipos financieros ya que los contratos de licitación pública prevén el pago del 30% del monto total de la obra para el inicio.

Ferraris asegura que también observan que desde que reciben el anticipo una demora de once meses, en otros casos llega a nueve meses.

Otro punto que se cuestiona es que a la empresa adjudicataria se le hizo una contratación privada, ya que de los cinco trabajos, le adjudicaron una y para el resto se la contrató.

“No es una conducta delictiva pero hay explicaciones que se deben dar”, finalizó Ferraris.