Además de los cortes de calle en barrios capitalinos –e incluso una caravana de vecinos en Tres Cerritos- la referencia  en el debate parlamentario se centró en General Mosconi, un pueblo norteño que tiene en la falta de agua un problema que con igual o mayor dimensión que la pérdida de su fuente de riqueza. Ante tamaña hipoteca, la prestadora de un servicio esencial explica que no tiene plata, se quejó el diputado trotskista Claudio del Plá.

No son planteos de tiempos electorales. En diciembre de 2020 se tramitó en el juzgado civil y comercial 1 de Tartagal un recurso de amparo colectivo presentado por vecinos de la localidad petrolera, luego que durante más de ocho meses no les llegara agua por la red domiciliaria. Era el tercero ya que dos anteriores habían sido declarados abstractos; el primero, porque la provincia comprometió obras y el segundo, porque se planteó que los vecinos no habían reclamado primero al Ente regulador. Hace ocho meses tuvieron más suerte ya que la jueza a cargo del caso aplicó astrientes a Aguas del Norte por cada reclamo que no atienda en la zona.

Lo expuesto en la audiencia para tratar cerca de 250 demandas -que conformaban un cuadro de un enriquecimiento sin causa, según la magistrada- anticipó lo que finalmente este martes se reactualizó. Para la prestataria no existe la obligación de realizar las obras de infraestructura de mayor envergadura necesarias, porque la tarifa no da para eso.

Es así que en agosto pasado se reiteraron las denuncias y protestas por el pésimo servicio de Aguas del Norte y se llegó a un corte de ruta que llevó a que el propio presidente de la compañía decidiera encarar la gestión de una problemática de más de tres décadas. Su eje es la desinversión crónica.

En su manifestación, el legislador del PO se refirió a la larga cadena de complicidades que empezó cuando el entonces gobernador Urtubey permitió que Aguas de Salta, la concesionaria anterior, se fuera dejando un hueco en inversiones de más mil millones de pesos, que en la primera década de este siglo era una cifra significativa. Consideró que un poco más de 10 años después se impone la adopción de medidas políticas y pidió la presencia de la conducción de la empresa a exponer el plan de obras prometido para lograr el levantamiento de la medida de fuerza.

La segunda demanda, con escasa posibilidad de satisfacción, es la revertir lo que llamó la vergonzosa decisión de la Legislatura de autorizar a libro cerrado el pago de la deuda generada por el Fondo de Reparación Histórica y el del Bicentenario, que en buena medida debían financiar obras de agua y saneamiento. Hace un poco más de un año se aprobó un empréstito de $2.100 millones contenido en el convenio de asistencia financiera llamado Programa para la Emergencia Financiera Provincial. En tanto, en febrero pasado la Provincia logró refinanciar una deuda de 350 millones de dólares, corriendo su vencimiento inicial en 2024 hasta diciembre del 2027.

El acuerdo le quitó tensión a las cuentas públicas pero no ha resuelto la situación deficitaria que limita la resolución de problemas como los expuestos en la sesión de Diputados. El próximo lunes ingresará el proyecto de Presupuesto 2022 al Congreso y de él saldrán las líneas directrices para hacer lo propio en la Provincia, a fin de cerrar el año con más certezas.