Salta tiene una alta tasa de letalidad, y ya lamentamos más 1.200 muertos por la pandemia. La población de riesgo de la Provincia se estima en 400.000 personas, de las que sólo se han vacunado, al menos con una dosis, solamente  133.000.

 ¿Es este el mejor contexto para llevar adelante un proceso electoral? ¿Es este el ámbito adecuado para elegir convencionales constituyentes? Obviamente no lo es. 

Con la intención de respaldar la decisión del gobierno de reformar la Constitución en tiempos de pandemia, la Escuela del Ministerio Público realizó ayer una jornada de la que participaron ex gobernadores.  Salvo Hernán Cornejo, los otros gobernadores presentes no solo tienen un interés político en la reforma, tienen también un interés personal, en tanto aun tramitan en la justicia causas en los que se investiga la legalidad de su actuación. Es por ello que el foco de la reforma está en el mandato de los jueces de la Corte. 

 Hernán Cornejo fue el único que cuestionó el procedimiento seguido para aprobar la ley de necesidad de la reforma, en tanto debió ser más amplia, involucrando a todos los sectores sociales, políticos, económicos, intelectuales, a las organizaciones intermedias, y así  provocar un gran debate.  Téngase presente que los constituyentes, una vez electos, están limitados exclusivamente a los temas que la ley que declaró la necesidad de la reforma ha habilitado.

 Para agregar confusión a la ya existente en la población, los disertantes ayer hablaron de temas que no fueron habilitados para su reforma. Parecieron debatir sobre una norma que no conocen. Por ejemplo, Juan Carlos Romero manifestó que los jueces de la Corte deberían ingresar a  partir de los 50 años, y que los presidentes del tribunal debieran ser rotativos. Pero esos temas no se podrán debatir, en tanto no han sido habilitados por la ley que convoca a la reforma.

 Por su parte, Urtubey se refirió a la posibilidad de introducir el mecanismo de revocatoria de mandato, esto es, que los cargos electivos puedan ser revocados en otra elección popular. Pero este no es un tema que pueda ser tratado, en tanto tampoco está habilitado.

 También se escucha al Vicegobernador afirmar su vocación de introducir una norma que prohíba la sucesión entre parientes, pero este es otro tema no habilitado por la ley de reforma, ley que el propio Vicegobernador ha firmado.

 La acotada habilitación legal para la reforma constitucional permitirá reformas mínimas en cuanto a forma de designación y mandato de los jueces de la Corte de Justicia y de los miembros de la Auditoría de la Provincia, la duración del mandato de Gobernador, vicegobernador intendentes, diputados, senadores y  concejales.

 Como lo anticipé, la cuestión que se vincula con la Corte de Justicia, es un tema muy sensible, tema en el que tanto el actual gobernador como los dos que lo antecedieron tienen un interés personal. No solamente por lo referido a la vigencia de causas en los que son sujetos de investigación judicial, sino en tanto lo que aparece como pactado, según el propio mensaje de elevación de la ley, ratificado por el ex gobernador Urtubey en su disertación de ayer, se pretende volver a la fórmula de la Constitución de 1986: los jueces de la Corte duraban 6 años en sus cargos y, con una nueva elección, tenían un mandato vitalicio. Esto significaría darles un mandato de por vida a las personas que Urtubey y Sáenz han designado. ¿Está claro?

 En mi opinión, el mandato de los jueces de la Corte de Salta debe ser acotado, en tanto se trata de un tribunal con facultades políticas extraordinarias, que exceden la administración de justicia. La limitación de mandatos ha sido adoptada no solamente por países europeos con relación a sus tribunales constitucionales, sino también en América Latina por países como México, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, entre otros.

 En cuanto a la posibilidad de reelección estimo que hay que eliminarla. La experiencia ha demostrado que los jueces de la Corte se esfuerzan por agradar al gobierno del que depende la renovación de sus mandatos. Esto ha llevado a una relación casi carnal con el Poder Ejecutivo de turno, afectando gravemente la independencia y la imparcialidad.

 Hay otro tema que ha quedado habilitado para su revisión y es la forma de elección de los jueces de la Corte. Hoy el gobernador  postula  el candidato o candidata y el Senado presta acuerdo. El Colegio de Abogados propone crear un Consejo Asesor para asegurar que quien sea nominado a juez de Corte sea una personalidad de reconocida capacidad y prestigio. Es una propuesta muy interesante y fue adoptada por algunas constituciones provinciales. Esta metodología de designación evitaría la posibilidad de gobernadores designando en la Corte a personas de su círculo íntimo, que le garantizan impunidad. 

 Hernán Cornejo advirtió que hacer una reforma constitucional en un período electoral, genera el riesgo de que la misma sea contaminada. Estoy completamente de acuerdo. 

 Nos enfrentamos a  una reforma constitucional con un sistema electoral que no respeta el principio de igualdad del valor del voto, donde los departamentos menos poblados estarán sobre-representados a costa de la ciudadanía de los grandes centros urbanos; una reforma convocada en simultáneo con la elección de diputados, senadores y concejales; una convocatoria en donde el Poder Ejecutivo ha logrado nuclear los dos grandes frentes electorales que a nivel nacional disputan el poder, pero que en Salta se abrazan para asegurar que el gobernador cuente fácilmente con los dos tercios de los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional a su antojo. La suerte está echada. El retroceso democrático contradice el discurso del gobernador.

 Sin embargo, una mejor reforma constitucional aun es posible, solamente si el gobierno se dispusiera a postergar la elección de convencionales abriendo una amplia convocatoria al diálogo. Cualquier cambio de las reglas de juego de nuestra organización institucional pierde legitimidad si se realiza de espaldas a la sociedad.