Cuando se suponía que se había ingresado en el tramo final del tratamiento de una norma que el gobierno de La Libertad Avanza considera liminar para sus primeros cuatro años de gestión, la decisión de no cambiar la situación fiscal del sector puso en pie de guerra a las siete provincias tabacaleras. La delantera la tomó el gobernador Gustavo Sáenz, quien repudió tal retiro y ofreció a través del Ministerio de la Producción un amplio informe sobre su impacto. 

El mandatario se sumó a las denuncias de la actuación de un lobby parlamentario, que respondería al titular de la Tabacalera Sarandí,  Pablo Otero, para mantener los beneficios de un sector que -puesto bajo el alero de la Justicia- elude el pago de obligaciones tributarias. La cuestión tomó alto vuelo en Salta cuando el senador del departamento de Güemes y Síndico de la Cámara de Tabaco de Salta, Enrique Cornejo, informó en sesión que había presentado una denuncia penal contra el diputado nacional Carlos Zapata, a quien la  información periodística identificaba como parte de ese lobby.

El proyecto original de la Ley Bases, buscaba establecer un marco fiscal equitativo para todas las tabacaleras. Es que hay un grupo de pequeñas y medianas empresas que se benefician con amparos judiciales, que eximen del pago del impuesto mínimo al cigarrillo y que en los últimos años ha logrado apropiarse del 40% del mercado, desplazando a las más importantes tabacaleras del mundo que cumple a rajatablas con el pago de impuestos y se ven sometidas a una competencia ilegal.

La estructura tributaria de los productos de tabaco en Argentina es compleja. Se encuentra compuesta por cuatro impuestos que, en conjunto, representan en promedio casi el 77% del precio final de venta. Se trata de Impuestos Internos,, Impuesto Adicional de Emergencia, Impuesto al Valor Agregado y Fondo Especial del Tabaco. Las dos últimas reformas de esta estructura, producidas en 2016 y 2017, son las que provocaron una multimillonaria pérdida de ingresos al fisco y llevaron a que se intente una recomposición mediante la Ley de Bases, propósito que se abandonó. 

Cabe señalar que hay un marco internacional, al que la Argentina como país productor adhiere, que desalienta el consumo de tabaco y sugiere que se apliquen restricciones por la vía de la carga impositiva. La actual situación, en la que se espera una decisión de la Corte de Justicia para reencauzarla o de una reforma legislativa, enerva a todo el sistema, a extremos que el propio gobernador de Salta se sintió presionado a abandonar toda queja.

Por ahora, el poder de una Pyme que factura 800 millones de dólares y procesa tabaco brasileño, parece superar la fuerza de la estructura institucional de la Argentina. Ese es el dato más preocupante.

Salta, 10 de abril de 2024