Opinión 05/04/2024

Salidas

El ajuste de tarifas de servicios esenciales se ha constituido en una de las preocupaciones más importantes de gobierno y empresas.

Los valores definidos especialmente para la energía eléctrica y el gas han generado protestas y en distintos niveles de decisión se analizan modos para morigerar un impacto de muy difícil absorción.

La primera semana de abril va a cerrar con un arreglo transitorio del problema originado en el incremento de la tarifa del servicio eléctrico. Por cuatro meses no se aplicarán los tramos pendientes del aumento resuelto en enero último y la factura que absorbió el ajuste inicial podrá pagarse en tres cuotas. La solución fue resuelta por las autoridades provinciales porque la distribución es un servicio de su dependencia, aunque en un 50% está condicionado por aumentos en la generación y el transporte, que son de orden nacional.

Los gobernadores deberán cargar ahora el peso del descalabro que amenaza provocar la suba de la tarifa del gas, decisión que el pasado miércoles fue publicada por el ENARGAS en el Boletín Oficial. Hasta tanto no lleguen las facturas no se tendrá cabal apreciación del alcance de lo que se estima es un tarifazo que oscilará entre un 500 y un 1000%.

Representantes de distintas cámaras que nuclean a empresarios salteños se reunieron con el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dip Ashur, ante quien expusieron la preocupación del sector productivo, de la industria y el comercio ante la suba de las tarifas. Reconocieron que los montos que deberán afrontarse serán de difícil cuando no de imposible cumplimiento y la capacidad para lograr modificaciones no es amplia, ya que en buena parte el poder de decisión está centralizado en el gobierno nacional.

Quedan algunos resquicios cuya eficacia deberá probarse. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de declaración que aprobaron los senadores requiriendo a sus pares nacionales de la Provincia realicen las gestiones que sea menester para morigerar los incrementos en las tarifas de luz y gas, requiriendo que  los valores aprobados no se apliquen.

Sin facultades de disponer medidas que anulen las que se aprobaron en jurisdicción nacional, el gobierno provincial tomó el camino de analizar propuestas de alivio fiscal. También se está trabajando en el diseño de medidas anticíclicas, para reactivar la obra pública y sostener la actividad privada, con créditos blandos. Para financiarlas se tomará deuda, sin alterar el orden de las cuentas del Estado.

No hay mayores alternativas ya que la crisis económica y la consecuente caída del consumo golpearon la recaudación propia. Con una masa coparticipable reducida y  con recorte de fondos nacionales, los gobernadores deben enfrentar con escasas herramientas la tormenta perfecta. Endeudamiento y amparos judiciales son las salidas.

Salta, 05 de abril de 2024

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