Hace 48 años se institucionalizó el terror en la Argentina. 

Si bien en los años previos organizaciones paraestatales habían iniciado  acciones violentas contra dirigentes comprometidos con el campo popular, como en el caso de nuestro querido gobernador Miguel Ragone, es el 24 de marzo de 1976 cuando se institucionalizaron la persecución, las torturas, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los centros clandestinos de detención y exterminio.

A partir de allí, los argentinos vivimos la página más negra de nuestra historia. 

Necesitaremos generaciones para mitigar tanto dolor y tanta injusticia pero la acción de Abuelas, Madres y tantas organizaciones mostraron un camino que iluminó tanta oscuridad.

Ya en democracia, durante la gestión de Raúl Alfonsín, La Conadep y el Juicio a las Juntas significaron grandes puntos de encuentro entre los argentinos.

Luego vivimos años de retrocesos, con las leyes de Punto Final, Obediencia Debida e indultos, producto de las debilidades de nuestro sistema institucional, que sumado a la situación socioeconómica imperante nos llevó a la crisis de 2001.

El 12 de agosto de 2003 La Cámara de Diputados de la Nación dio el primer paso hacia la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, con la aprobación del proyecto de Ley, del que participamos como cofirmantes los diputados que presidían distintos bloques de la Cámara y quien habla, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. El trámite legislativo, luego de la aprobación del Senado de la Nación, se completó el día 2 de Septiembre de 2003 con la promulgación, a cargo del presidente Néstor Kirchner de la Ley 25799.  

Esta sanción implicó la reapertura de las causas y la sustanciación de los juicios en los tribunales ordinarios, con todas las garantías constitucionales correspondientes y con ello a la vuelta al camino de encuentro entre los argentinos.

Uno de los pocos acuerdos sostenidos en el tiempo en nuestro país fue asumir, como sociedad, que la lo vivido durante la dictadura se trató de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron juzgados los responsables. 

Memoria, Verdad y Justicia es la corporización de un verdadero Acuerdo Nacional. 

Nunca Más representa el compromiso ético de un Pueblo que ha elegido la paz, la tolerancia y la aceptación entre hermanos, por sobre las diferencias que, como es natural, existen entre nosotros.

La intención del gobierno nacional de utilizar el sufrimiento y el dolor vivido por los argentinos para construir una nueva trinchera que pretende romper uno de los pocos Consensos que pudimos alcanzar en estos 40 años de democracia es un daño mucho más grande del que en la coyuntura podemos advertir.

Que otros hayan hecho lo mismo no es el parámetro ético que necesitamos para construir la sociedad más justa que todavía nos debemos y le debemos a los 30 mil desaparecidos.

Muchas gracias.