Sin su sanción, el acuerdo entre gobernadores y el Gobierno Nacional suscripto el 4 de diciembre pasado, no es operativo. Sin dudas que es un pacto importante porque le devuelve a las provincias la posibilidad de recaudar los fondos necesarios para fortalecer su autonomía y reactivar la economía, según lo destacó el ministro del Interior Wado de Pedro. 

Del debate suscitado en torno de la iniciativa en el Senado queda en claro que la Nación no puede seguir cargando sobre sus arcas los requerimientos financieros de las provincias pero también se aleja la posibilidad que se afloje la presión tributaria sobre el sector privado. Cabe recordar que a través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, con el fundamento que así lo exige la atención de la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.

Pocas voces explicaron los propósitos  del acuerdo cuando la Legislatura salteña trató la ratificación. En ambas cámaras, el oficialismo detalló el proceso de sucesivos acuerdos fiscales para ir corrigiendo las consecuencias de las cesiones que hacen los legisladores nacionales de los derechos coparticipables de los distritos a los que representan. Desde la oposición, en tanto, se marcaron los efectos de la incidencia de impuestos en la economía, que se expresa en mayor pobreza de pueblos del interior. 

En ese orden, el debate nacional fue más revelador. Desde el Frente de Todos se puso en claro que el Consenso 2017, cuya suspensión parcial se efectúa con el último acuerdo, tenía la virtud de disponer una progresiva reducción de la carga impositiva pero también el vicio de desfinanciar las cajas de las provincias. De allí que las otras bancadas votaron de manera dividida, porque hubo senadores que atendieron el reclamo de los gobernadores. Eso es lo que hicieron, por ejemplo los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo, el riojano Julio Martínez y los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay, que pertenecen al bloque Juntos por el Cambio. 

La recuperación de la capacidad de ajustar hacia arriba las alícuotas de tributos locales va acompañada por la autorización a tomar deuda en pesos pero limita el endeudamiento en dólares. Ese dato no es menor  y fue destacado en el Senado de la Nación cuando las voces opositoras pusieron de relieve la necesidad de una mayor responsabilidad en el manejo de los fondos por parte de los gobiernos provinciales. Hubo advertencias respecto de que ya no se puede echar más mano al bolsillo de la gente y se reclamó austeridad en el gasto público, lo que no significa ajuste social. Los defensores del Consenso 2020, en tanto, consideraron que el aumento de impuestos corre por cuenta de cada provincia y sus gobernantes tendrán que asumir el costo o riesgo que eso representa.

Sí hubo coincidencia en señalar que se debe tender a una armonización fiscal y a futuro realizar una reforma tributaria provincial y nacional que promueva las inversiones. Esa es la parte de las decisiones que no se plasman en acciones y se sigue arrastrando el problema de regiones sumidas en la pobreza en un país que suele hacer gala de sus ingentes recursos. 

En los hechos habrá un mayor esfuerzo de los contribuyentes y debiera, en contrapartida, destacarse el aporte del Gobierno en la reducción del gasto. No hay otro consenso posible. 

Salta, 25 de febrero de 2021