Desde la década del 90, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem rompió el eje de un desarrollo precario en el país y lo puso en la senda de una decadencia hasta ahora irreversible, este municipio es uno de los miles que en la Argentina quedaron sin destino: no pudieron reconstruir un modelo de crecimiento. Cuando la historia ponga luz sobre lo que significó esa década para esta parte del continente y los análisis  de especialistas objetivicen los factores que actuaron, podrá reconocerse que la comunidad de Aguaray no logró ponerse en tres décadas a la altura de la circunstancias.

Los líderes sociales, movidos por la desesperación de ver cerrarse la principal fuente de trabajo, ensayaron metodologías que hasta ahora no dieron resultados en ninguna región del mundo que muestra calidad de vida. Recostadas en la comodidad de un Estado poco eficiente y derrochón, varias generaciones vivieron de la explotación hidrocarburífera en manos de YPF, sin poner a prueba su capacidad de desarrollar ese recurso con la tensión de un mercado voraz y desaprensivo.

La historia de los últimos 30 años transcurre entre piquetes y un cooperativismo improductivo, que no superó su etapa de subsidio estatal. La única puja no fue contra la pobreza sino contra empresas que manejaron y manejan otras reglas de juego, con las que los pobladores de Aguaray siempre perdieron.

El presupuesto anual del Municipio apenas llega a un millón de dólares –valor oficial-, muy lejano de lo que puede exhibir cualquier sociedad que tiene en el gas uno de sus principales recursos. Y esa es la caja más segura que tiene la población para cubrir sus necesidades básicas.

Haber elegido un intendente cuyo primer acto oficial de envergadura fue participar de manera determinante del robo de un gasoducto, quizás no sea un cargo que de manera directa pueda realizarse sobre esos ciudadanos. Joven, altamente capacitado, Enrique Prado era una legítima esperanza para ese pueblo. A diez meses de haber jurado cumplir tan alta tarea, su plan de ejecución fue interrumpido por una intervención, institucionalmente fundada.

Consecuentemente, quien tomó la posta por mandato –no del voto popular sino del Ejecutivo Provincial- tiene desde este lunes la tarea de reinstalar la paz social, alterada por la intención espuria de grupos que se sirven de la política. El error que nació en las urnas debe ser enmendado por el delegado del Gobernador de la Provincia.

El escogido tiene en su historia una militancia política en el peronismo y una serie de cargos públicos con fuerte vinculación con cuestiones sociales. Adrián Zigarán está convencido que hay un buen punto de partida y es que se trata de una gestión administrativamente sustentada. 

La respuesta que deberá dar es orientar a centenares de personas económicamente activas sin trabajo, sin proyectos y ahora, sin ilusiones.

Salta, 19 de octubre de 2020