El presupuesto con el que trabajan las universidades nacionales fue elaborado en Septiembre de 2022, hace más de un año y medio. La inflación acumulada desde entonces es del orden del 300 por ciento, como bien señala el titular del consejo al que hice referencia. 

Las consecuencias de esto se empiezan a evidenciar de diversas maneras, que van desde recortes en limpieza y seguridad hasta restricción en la cantidad de materias en las que se pueden inscribir los alumnos y la reducción de la oferta académica de grado y pregrado.

Los hospitales que dependen de las universidades sufren en mucho mayor medida esta crisis, sabido es que, en lo que respecta a insumos y gastos de funcionamiento del área de salud, las suba de costos ha sido aún mayor a la inflación a la que hice referencia.

En prácticamente todos los casos, las áreas de investigación, ciencia y tecnología son las más castigadas por políticas de ajuste que se llevan adelante desde el gobierno nacional.

La previsión más optimista de quienes tienen la responsabilidad de administración de estas casas de estudio es llegar hasta mitad de año y la necesidad presupuestaria estimada para todo el año es de casi el triple de lo asignado. 

“Cuidemos lo que funciona”, es el lema del petitorio lanzado por la Universidad de Buenos Aires rechazando el ajuste. El espíritu es plantear la necesidad de cuidar algo que funciona, dicen.

Las consecuencias de este tipo de políticas de ajuste indiscriminado, donde lo que habitualmente más se ajusta es la inversión en áreas vitales, puede tener un efecto devastador, toda vez que, en la Argentina, como bien lo plantean, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico. 

En el documento “Situación crítica en las universidades públicas”, el Consejo Interuniversitario Nacional, advirtió que de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones educativas. 

Frente a esta realidad (sigue el documento), este Consejo sostiene la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y nodocentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

A pesar de no estar incluido entre los 10 puntos sobre los que el Gobierno nacional plantea la necesidad de un Pacto Nacional, debemos entender que la Educación debe ser prioridad absoluta y no puede ser variable de ajuste bajo ningún concepto.