Un conjunto de situaciones están exacerbando la sensibilidad del cuerpo social y la dirigencia, especialmente la que ocupa cargos electivos, intenta dar respuestas a sus demandas. Seguramente  hay dos cuestiones que concentran las mayores coincidencias en materia de iniciativas: la pandemia y la representatividad política, que ha tenido un golpe muy duro con la inconducta de un ex diputado nacional.

Respecto de la propagación del coronavirus, se está haciendo visible el esfuerzo por el blanqueo de cifras de contagios y muertes pero también de gastos y beneficios. Se ha anunciado que en los próximos días habrá un mayor registro de enfermos por cambio de metodología de conteo. Oficialmente se ha señalado que ingresarán al sistema los casos confirmados sin testeos; esto es, determinados por el criterio clínico epidemiológico. Indicados oportunamente, darán razón a la sensación de cercanía con cada vez más Covid positivos.

Más complejo y acuciante es determinar la disponibilidad de recursos. En una de sus últimas declaraciones públicas, el propio Gobernador de la Provincia dejó en claro que no es de dinero su mayor déficit sino de personal capacitado para atender la emergencia sanitaria. Desde la reciente asunción del nuevo Ministro de Salud se pudo notar un despliegue de acciones que permitió incorporar elementos imprescindibles, como camas de terapia intensiva o espacios de internación intermedia con disponibilidad de oxígeno. Que sean suficientes solo pueden confirmar quienes demandan asistencia y son satisfechos; el número de muertos en domicilio es un factor de corrección pendiente.

El círculo no se ha cerrado. A la realización de testeos rápidos, facilitados por el Gobierno Nacional para confeccionar un mapa de contaminación más ajustado, se ha sumado la puja por los tratamientos disponibles, todos en condiciones de compasivos. Es el punto más dramático porque emergen las debilidades de la condición humana; la avaricia podría ser una de ellas pero no merecería una sanción moral sino penal para el caso que se determine la violación de la normativa en materia de donación de plasma. 

La intención de una empresa de cobrar por su provisión es objeto de una investigación judicial, que a juicio de la desplazada Ministra de Salud debe ampliarse a los funcionarios vinculados al Centro Regional de Hemoterapia. En ese caso se correría el velo sobre ciertas prácticas ilícitas naturalizadas o toleradas mediante un arancelamiento indirecto para eludir estrictas disposiciones legales.

La corrupción es reconocida como un problema de la política argentina. La administración del Estado pareciera que la tiene enquistada y emerge sin importar que ámbito afecta y qué recursos sustrae de los altos fines para los que son asignados. 

Una emergencia sanitaria exige de todos. Los gobernantes deben extremar su capacidad porque los márgenes de error son estrechos. La sociedad, por su parte, debe poner en juego su máxima responsabilidad. 

Y nadie deberá tener ventaja sobre el conjunto. 

Salta, 29 de septiembre de 2020