A una semana de la reunión de gobernadores realizada en Salta, el mandatario tuvo un nuevo encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, esta vez en Buenos Aires. Es que las medidas nacionales que se van adoptando han puesto en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas provinciales. Sólo en enero, ha dejado de percibir alrededor de 18 mil millones de pesos en aportes que de manera global se identifican como transferencias no automáticas. En el caso de recursos que recibía Salta para el pago del incentivo a docentes ascendía a 4.568 millones de pesos, sin contemplar la actualización 2024.

Y no solo han caído los recursos de origen nacional; también se verifica un menor ingreso en la recaudación provincial porque ha caído la actividad económica, restando otros 5 mil millones de pesos. Precisamente el gabinete provincial repasó ayer esta situación, tomando nota que la Fiscalía de Estado prepara las presentaciones para reclamar el cumplimiento del envío de fondos para el Incentivo Docente, el transporte público, programas de salud, desarrollo social, educación y obra pública, que están previstos en leyes o en acuerdos y convenios firmados entre ambos gobiernos. De todas maneras y en línea con la posición que sostiene el gobernador Sáenz, previamente se agotarán las vías administrativas, intimando a la remisión de los fondos mediante cartas documentos dirigidas a los ministros nacionales de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sabido es que el impacto de esta restricción está generando serios problemas que ya han sido expuestos por las autoridades provinciales. Ejemplo de ello es que la distribución de asistencia nutricional focalizada se siguió haciendo hasta este mes con un remanente del año pasado pero de aquí en más, deberán echar mano a recursos provinciales para cumplir dicha entrega.

La mayor urgencia se vincula con la restitución del Fondo de Incentivo Docente, por cuanto es una partida con la que se completa la integración de los salarios del sector. La falta de certezas con las que se transita estos días no permite ni siquiera asegurar el inicio de clases en la nueva fecha que se fijó.

Todos estos aspectos han tenido una amplia exposición pública pero habilitaron otro frente de inquietud. Es que desde la oposición están demandando información precisa sobre el manejo de recursos y el cumplimiento de erogaciones aprobadas. El presupuesto de 2023 fue prorrogado pero no tienen datos ciertos sobre su ejecución en el período fiscal anterior, ya que solo están publicados hasta octubre pasado. Según el diputado del PRO, José Gauffín, ocupado en una tarea de posicionamiento dentro de su partido, los recursos nacionales cuyo envío fue suspendido, solo representa menos del 6% del presupuesto provincial. Si fuese así, resulta razonable su exhortación al gobierno de Sáenz, de eficientar la gestión de los recursos para cubrir los menores ingresos.

Ya se ha planteado un abanico de opciones para no detener el desarrollo de la obra pública que se financia con fondos nacionales. Ahorro previo para la construcción de viviendas, peaje en rutas, tasa de toque en estaciones terminales son algunas de las iniciativas que se están analizando, incluso para tentar la participación privada.

Entre recesión y reactivación transitan los afanes del gobierno provincial. Enfrente hay una sociedad que medirá la eficiencia de quienes tienen las riendas de su destino.

Salta, 28 de febrero de 2024